El Batallón de Infantería olvida instalarse en Lanzarote. No hay casas para alquilar en La Palma y Fuerteventura

¿Seguridad o turismo? El alquiler vacacional se ha convertido en un virus que no solamente daña a médicos o profesores de enseñanza. El Ejército de Tierra ha debido suspender el incremento de sus efectivos del Batallón de Caballería en Lanzarote a partir de 2020 por la ausencia de viviendas de alquiler. En La Palma ya está pasando lo mismo: la gente prefiere alquilar solamente diez meses al año para sacarle partido al turismo. Esto puede provocar que la Palma sea una isla atractiva para desarrollar la carrera militar para profesionales con hijos dado el coste que supone.

En Fuerteventura comienza a ser un problema la ausencia de casas. Un hecho que ya de por sí afecta al sector turístico. Hay empresas que no pueden ejecutar inversiones en Pájara por ausencia de casa para albañiles y personal de obra que debe desplazarse desde otras partes de Canarias. De acuerdo con estimaciones de gasto, lo que se deja en Canarias el Ejército de Tierra viene a representar más gasto que la presencia de turistas en islas como Lanzarote o La Palma. En el caso de Lanzarote, el Mando de Canarias sería la tercera empresa en generación de recursos en la isla. En efectivos: son más de 5.000 familias.

En Canarias el aliado pacifista que le ha salido a las organizaciones separatistas son las plataformas digitales de alquiler vacacional. Los propietarios prefieren poner en ellas sus casas. El Ejército no tiene viviendas porque los cuarteles no puede acoger familias. Los cuarteles están para situaciones de emergencia. La movilidad de las fuerzas que operan en Canarias se encuentran con múltiples problemas.

Esta información la confirmó el general Venancio Aguado este fin de semana a preguntas de la prensa antes de dirigir un ejercicio en Las Palmas sobre guerra híbrida. Que en Lanzarote hubiese problemas no es nuevo; pero sí en La Palma y Fuerteventura. En Fuerteventura al menos hay espacio para edificar, pero en La Palma, con tanto suelo protegido, actualmente ya se ha convertido en un serio problema.

A todo ello, hay que añadir la cantidad de extranjeros que son propietarios de segundas viviendas y prefieren alquilarlas a compatriotas antes que profesionales de la defensa del archipiélago. Esto también afecta a agentes del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. En La Palma hay 6.547 camas en vivienda vacacional, según un informe del Gobierno de Canarias de diciembre de 2018. Pero camas en el circuito reglado hay 10.211 unidades. El precio medio por vivienda y noche es de 68,99 euros y el de las viviendas completas de 70,78 euros. Una habitación se alquila a un precio normalizado de 32,36 euros la noche. Una vivienda vacacional en La Palma costaba de media en 2015 61,28 euros y en 2018 un total de 68,99 euros por noche. Precios imposibles de pagar para una familia que deba trasldadarse por razones de trabajo como la defensa.

En Canarias habría 32.832 viviendas, que agrupan 139.607 camas, 8.575 camas más que el año 2017. De ello resulta una media de 4,25 camas por vivienda, ligeramente superior a las 4,14 camas por vivienda del 2017. El total de viviendas vacacionales representó el 25,21% del total en 2018.

La limitación de casas en alquiler vacacional pone en riesgo abordar de manera efectiva los desafíos planteados por la guerra híbrida, donde se emplea una combinación amplia, compleja y adaptativa de medios convencionales y no convencionales, y medidas militares y civiles abiertas. La responsabilidad principal de responder a amenazas o ataques híbridos recae en la nación objetivo. A medio plazo, los soldados no podrán elegir de forma voluntaria ir a La Palma dada la carencia y precios. Ir forzado a un destino de este tipo no genera la cohesión necesaria para que la Brigada Canarias pueda efectuar un correcto esfuerzo.

La estabilidad o anclaje de los profesionales a un territorio es clave para mejorar la preparación civil y lograr los requisitos de referencia de la OTAN para la resiliencia nacional, que se centran en la continuidad del gobierno, la continuidad de los servicios esenciales, la seguridad de la infraestructura civil crítica y el apoyo a las fuerzas militares con medios civiles, es decirr, cumplir las Directrices de Resiliencia aprobadas por los ministros de Defensa en junio de 2016.

El caso de Logroño

Mientras en Canarias a la vivienda vacacional se le aporta un matiz tributario, en zonas rurales de la Península se le asigna un papel en clave de seguridad. En La Rioja, la Policía Nacional se encarga de analizar viviendas vacacionales y la obligatoriedad del cumplimiento del registro documental de los viajeros así como de la comunicación de los datos de dichos viajeros a la Dirección General de la Policía, en un plazo máximo de 24 horas desde que se produce la entrada del huésped en el piso o vivienda vacacional. En Logroño, con un mercado similar al palmero en cuanto a su estructura de ocio, los agentes de la Policía Nacional realizan inspecciones a los diferentes complejos y apartamentos vacacionales debido al notable aumento de la actividad de alquiler del turismo vacacional.

Desde la Policía Nacional se quiere concienciar que el hospedaje de personas es una
actividad que muy relevante para la protección de la Seguridad Ciudadana y la Seguridad
Nacional y que se debe tener en cuenta que tanto las actividades relacionadas con la
Delincuencia Organizada como las relacionadas con actividades terroristas, se basa en la
movilidad geográfica tanto nacional como internacional siendo por tanto usuarios de todo tipo de hospedajes, y por lo tanto más aun de aquellos que incumplen la normativa vigente en la materia.

También se quiere recordar la posible responsabilidad penal en que se podría incurrir en caso de asociar a un grupo delincuencial con el uso reiterado de un mismo inmueble, piso o
apartamento, que incumple deliberadamente la normativa de comunicación a la Policía de los datos de esos viajeros.

Fotografía: José Gregorio Rodríguez Rondón – Canariasenred.com