Los presuntos autores materiales, tras cometer el asesinato, se escondieron en una casa en La Laguna, antes de desplazarse al sur de la isla donde permanecieron ocultos tres semanas.
Agentes de la Policía Nacional han esclarecido el asesinato del empresario Carlos Machín, ocurrido en la localidad tinerfeña de La Laguna. En la operación han sido detenidas nueve personas –entre ellas el inductor del crimen- por su presunta participación directa o indirecta en los hechos. La investigación se prolongó durante más de un año.
El 17 de abril de 2018, a las 22:10 horas, en los aparcamientos de la Escuela Oficial de Idiomas de La Laguna, un hombre fue tiroteado cuando se encontraba en el interior de su vehículo tras salir de clase. El autor material del crimen realizó once disparos de los que nueve impactaron en diversas partes del cuerpo de la víctima, causándole la muerte en el acto.
Varios testigos reconocieron haber visto a dos varones en las inmediaciones del aparcamiento, en actitud de espera y tapándose parcialmente el rostro con un pañuelo de cuello. En la huida, los autores circularon en dirección prohibida hacia la avenida de Los Menceyes, lugar donde quemaron el vehículo empleado para destruir las pruebas. Los presuntos autores materiales, tras cometer el asesinato, se escondieron en una casa en La Laguna, antes de desplazarse al sur de la isla donde permanecieron ocultos tres semanas.
Más de un millón de datos analizados
Los investigadores observaron que la víctima portaba en su cartera un soporte plástico troquelado al que le faltaba una tarjeta de telefonía, tarjeta que no coincidía con ninguna de las que usaba en los dos teléfonos móviles que portaba la víctima. Gracias al exhaustivo análisis de más de un millón de datos obtenidos los policías lograron cerrar el círculo en torno a nueve personas.
Una de las mayores dificultades a la que los investigadores de homicidios de la Policía Nacional se enfrentaron era la imposibilidad de tomar declaraciones y realizar gestiones con testigos y entorno de la víctima. El blindaje era máximo para evitar las interferencias y destrucción de pruebas, dado el perfil del principal investigado y presunto inductor del asesinato. Incluso, uno de los investigados acudió en varias ocasiones a las dependencias policiales para aportar datos y hechos falsos de la víctima, con la clara finalidad de desorientar a los investigadores.
El principal investigado mantuvo contactos y se reunió con los autores materiales en los primeros días de abril y la mañana del día del asesinato. La investigación ha permitido conocer, que a finales del año 2017 los principales investigados iniciaron sus contactos y que, a partir de ese momento, trataron de proteger sus comunicaciones con teléfonos de seguridad que habían sido adquiridos en octubre.
Utilizaban líneas de teléfono activadas con identidades usurpadas
Asimismo, se demostró que los investigados habían hecho uso de, al menos, 15 teléfonos móviles que eran usados exclusivamente para comunicarse entre ellos. Estas líneas telefónicas estaban a nombre de ciudadnos, normalmente extranjeros, a quiene habian usurpado la identidad. Esto condujo a los agentes a una tienda de telefonía donde se obtuvieron nuevas pruebas que corroboraban las hipótesis de la Policía.
Además, se supo también que vehículo usado había sido robado el domingo previo al asesinato y trasladado a Candelaria, donde permaneció oculto hasta el martes 17 de abril y donde le cambiaron las placas de matrícula por las de un vehículo abandonado en un polígono industrial.
Las balas y casquillos recogidos en la escena del crimen fueron analizados por la Sección de Balísitica Forense de la Comisaría General de Policía Científica, determinando los peritos que se había empleado una pistola semiautomática con el cañón modificado. Esto es propio de armas que han sido inutilizadas y precisan de un armero con conocimientos específicos para poder rehabilitar las mismas, lo que llevó a relacionar a otro de los arrestados con los hechos investigados.
Detenidas nueve personas
En la fase final de la investigación se realizaron diligencias policiales, algunas de las cuales fueron públicas y notorias, como la búsqueda en el barranco de Santos del arma empleada. Los investigadores ya conocían y tenían vigilado el lugar donde se ocultaban otras dos armas de fuego que, posteriormente, fueron intervenidas. Era importante evitar el riesgo de un tiroteo en la intervención policial tendente a intervenir esas dos armas de fuego, dada la extrema peligrosidad de los investigados. Es por lo que se esperó a que quien tenía y ocultaba esas dos pistolas se desplazase a Gran Canaria de vacaciones, procediendo entonces a su detención.
Ese mismo día, de manera coordinada se desarrolló la fase de explotación de la operación, que culminó con la detención de otras ocho personas y la práctica de entradas y registros domiliarios en la localidades de La Laguna, El Rosario, Tacoronte, Güimar, Arona y Granadilla de Abona. Se intervinieron una pistola semiautomática con el cañón modificado y un silenciador; así como un revolver del calibre 38 que estaban ocultos en el domicilio de uno de los principales investigados, así como documentación, teléfonos móviles y soportes de memoria que se están analizando actualmente.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, ingresando cinco de ellos en prisión.