El Gobierno de Canarias ha dado el primer paso para poner en marcha la Bolsa Activa de Vivienda Asequible, una herramienta diseñada para sacar al mercado de alquiler viviendas vacías o infrautilizadas a precios significativamente inferiores a los del mercado libre. El contrato, que se gestionará a través de la empresa pública Visocan, cuenta con un presupuesto total de 1,8 millones de euros y ya ha sido sacado a licitación, según anunció el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, en rueda de prensa.
La idea es sencilla pero ambiciosa: convencer a los propietarios de viviendas vacías en Canarias de que las pongan en alquiler a cambio de garantías que el mercado libre no ofrece. El precio máximo del alquiler será un 30% inferior al precio de mercado, equiparable al de la vivienda protegida. A cambio, la Administración pública garantiza al propietario que cobrará la renta puntualmente, que el inmueble se devolverá en condiciones y que, si es necesario, se prestará ayuda para la rehabilitación de la vivienda antes de alquilarla.
«La clave es la intermediación. Lo que tratamos con esta nueva herramienta es llevar al mercado de manera segura viviendas que sus dueños retiraron por falta de seguridad jurídica» — Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.
Cómo funcionará la Bolsa Activa de Vivienda Asequible
El contrato licitado contempla un servicio integral que abarcará todas las fases del proceso, desde la identificación de las viviendas disponibles hasta el seguimiento de los contratos de alquiler una vez firmados. Las fases previstas son las siguientes:
Diagnóstico territorial: identificar en qué zonas de Canarias hay más viviendas vacías y mayor demanda de alquiler asequible. Captación de viviendas: contactar con los propietarios de pisos vacíos y ofrecerles las condiciones del programa. Preevaluación de demandantes: analizar los perfiles de los potenciales inquilinos para garantizar que cumplen los requisitos. Intermediación: actuar como mediador entre propietario e inquilino, facilitando el acuerdo y resolviendo posibles conflictos. Formalización de contratos: gestionar la firma del contrato de alquiler con todas las garantías legales. Seguimiento de los arrendamientos: supervisar que el contrato se cumpla correctamente durante toda su vigencia.
El Gobierno de Canarias presenta esta medida como una solución eficiente y sostenible, porque permite aumentar la oferta de alquiler asequible sin construir viviendas nuevas. «Favorece la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos más largos», argumentan desde el Ejecutivo autonómico.
La lección del fracaso de hace siete años
Esta no es la primera vez que Canarias intenta poner en marcha un programa de estas características. Hace siete años se lanzó una iniciativa similar, pero las condiciones resultaron tan poco atractivas para los propietarios que solo uno de ellos mostró interés. El fracaso fue rotundo y el programa murió antes de nacer.
El problema, según explicó el propio consejero Pablo Rodríguez, estaba en las condiciones que se exigían a los propietarios: se les pedía ceder el usufructo del inmueble durante siete años, un periodo en el que perdían completamente el control sobre su propiedad. Además, la renta que se les ofrecía estaba muy por debajo del precio de mercado, lo que convertía la operación en un mal negocio para el dueño de la vivienda.
El nuevo modelo ha corregido esos errores. Ya no se exige el usufructo prolongado ni se establece una renta tan baja que desincentive la participación. El precio máximo será un 30% inferior al mercado, lo que sigue siendo un descuento significativo para el inquilino pero mucho más razonable para el propietario que las condiciones anteriores. Y sobre todo, la Administración asume el papel de intermediario activo, garantizando el cobro y la protección del inmueble.
El consejero de Vivienda ofreció una explicación directa: muchas de las viviendas que hoy están vacías en Canarias estaban en el mercado de alquiler hasta hace pocos años. Sus propietarios las retiraron por la falta de seguridad jurídica que perciben en el mercado del alquiler. El miedo a los impagos, a las ocupaciones ilegales, a los procesos judiciales largos y costosos para recuperar el inmueble y al deterioro de la vivienda ha llevado a miles de propietarios a preferir tener el piso vacío antes que arriesgarse a alquilarlo.
La Bolsa Activa de Vivienda Asequible intenta atacar precisamente ese problema ofreciendo lo que el mercado libre no puede: la garantía de una institución pública que asegura el cobro, la conservación del inmueble y la resolución de conflictos. Para los propietarios que retiraron sus pisos del mercado por miedo, esta puede ser la diferencia entre mantener la vivienda cerrada y ponerla a producir ingresos.
El Gobierno de Canarias destaca que la Bolsa Activa de Vivienda es una medida «eficiente y sostenible» porque «favorece la movilización del parque residencial ya construido frente a alternativas que implican un mayor consumo de suelo, más recursos públicos y plazos más largos».
Parte de una estrategia más amplia para la vivienda en Canarias
La Bolsa Activa de Vivienda no es una medida aislada. Se enmarca dentro de una estrategia del Gobierno de Canarias orientada a abordar de forma estructural el problema del acceso a la vivienda en el archipiélago, uno de los más graves que enfrentan las islas junto con la crisis migratoria y la presión turística.
En marzo de 2026, el Ejecutivo canario aprobó un nuevo decreto que regula la adjudicación de viviendas protegidas. El cambio más significativo es la sustitución del tradicional sorteo por un modelo de baremación basado en criterios objetivos de carácter económico, social y familiar. Con este sistema, las viviendas protegidas se asignan en función de la necesidad real de cada solicitante, no del azar.
Un año antes, en abril de 2025, se promulgó un decreto ley para agilizar la tramitación de licencias urbanísticas, uno de los cuellos de botella históricos que han ralentizado la construcción de viviendas nuevas en Canarias. Los plazos para obtener una licencia de obra podían superar los dos años en algunos municipios, lo que desincentivaba la inversión en vivienda nueva y encarecía los proyectos.
El reto del precio del alquiler en las islas
El problema de la vivienda en Canarias tiene una dimensión que va más allá de las cifras. El archipiélago combina salarios entre los más bajos de España con un mercado de alquiler que no deja de encarecerse, impulsado por la demanda turística, la llegada de trabajadores remotos internacionales y la escasez crónica de oferta. En muchas zonas de Tenerife y Gran Canaria, el precio del alquiler ha alcanzado niveles que resultan inasumibles para una parte importante de la población local.
Poner en el mercado viviendas vacías con precios un 30% inferiores no resolverá el problema de la vivienda en Canarias por sí solo. Pero si el programa logra movilizar un volumen significativo de pisos que hoy están cerrados, podría aliviar la presión sobre un mercado que necesita más oferta de forma urgente. La diferencia con el intento fallido de hace siete años será, como señala el consejero, que esta vez las condiciones están pensadas para que los propietarios digan que sí.