El escándalo de los 216 vertidos ilegales al mar en Canarias sigue sin resolverse. Casi un año después de que el Gobierno autonómico presentara la actualización del censo oficial de vertidos tierra-mar, el archipiélago mantiene activos 403 puntos de descarga de aguas residuales al océano, de los cuales 216 carecen de autorización para funcionar. Más de la mitad del total, el 53,6% exacto, opera al margen de la legalidad ambiental, sin que la administración haya ofrecido un nuevo balance ni avances significativos en la regularización del problema.
Los datos son los que el propio Ejecutivo regional ofreció en julio de 2025, cuando la Consejería de Transición Ecológica y Energía de Canarias presentó la actualización del censo. Según aquella radiografía, 361 de los 403 puntos están activos; de ellos, 112 cuentan con autorización y 75 estaban entonces en trámite, un proceso que puede tardar entre seis y ocho meses. Hoy, casi un año después, esa fotografía sigue siendo la única referencia oficial pública en Canarias.
El 64% son urbanos: aguas que salen del grifo de los municipios
El dato más revelador del censo es el origen de los vertidos. El 64% procede de aguas residuales urbanas, mayoritariamente de titularidad municipal e insular. El resto corresponde a emisarios privados, industriales o mixtos. La traducción práctica es directa: las aguas que descargan en las costas son, en su mayoría, las que se generan en los hogares, los hoteles y los comercios del archipiélago a través de la red pública.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, señaló entonces como causas principales la falta de infraestructuras de depuración adecuadas y la escasez de personal técnico cualificado para tramitar las autorizaciones. Una combinación que mantiene atascados muchos expedientes durante años.
El propio director general de Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, matizó que «cerrados no significa inactivos», admitiendo que algunos puntos pueden seguir vertiendo en momentos puntuales.
El mapa de la vergüenza: por islas de Canarias
El reparto territorial es contundente. Tenerife concentra 180 puntos de vertido y Gran Canaria 115, lo que significa que ambas islas centrales acumulan el 81,7% del total. Fuerteventura suma 40, Lanzarote 36, La Palma 18, La Gomera 10 y El Hierro 5.
El Gobierno autonómico identificó además 20 emisarios prioritarios sobre los que anunció una vigilancia intensiva por su impacto ambiental y su situación administrativa. Entre los más simbólicos figuran el emisario de la zona del Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, y el de Cabo Llanos, en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Dos puntos urbanos con vista directa al mar y al turismo internacional en Canarias.
El laberinto de competencias
Una de las claves del estancamiento es el reparto de competencias entre administraciones. La Consejería de Transición Ecológica autoriza los vertidos, pero no depura aguas ni ejecuta obras de saneamiento. El control de la calidad del agua en las playas corresponde a la Dirección General de Salud Pública. Las sanciones por vertidos ilegales recaen sobre la Agencia Canaria de Protección del Medio Ambiente. Y la ejecución material de las depuradoras depende de cabildos y ayuntamientos. Cuatro administraciones distintas para un mismo problema, sin un responsable único que rinda cuentas ante la ciudadanía.
Lo que está en juego: turismo, salud y medio marino
Las consecuencias son tangibles. Canarias recibe cada año más de 17 millones de turistas, una industria que representa cerca del 35% del PIB del archipiélago y que se sostiene, en buena medida, sobre la imagen de unas costas limpias y unas aguas cristalinas. Las descargas no autorizadas tensionan esa imagen y exponen tanto a residentes como a visitantes a unos vertidos cuyo grado de tratamiento real, en muchos casos, no consta documentado.
El impacto sobre el medio marino tampoco es menor. El archipiélago alberga ecosistemas de gran valor ecológico, con praderas de sebadales, fondos rocosos costeros y zonas protegidas de la Red Natura 2000. La presencia continuada de vertidos no controlados altera la calidad del agua, contribuye a procesos de eutrofización y degrada hábitats que cuestan décadas en recuperarse.
El compromiso de 2027 y la ausencia de un nuevo censo
El objetivo del Ejecutivo regional de Canarias, según anunció Hernández Zapata el verano pasado, es lograr que para 2027 el 85% de los puntos no autorizados esté al menos en trámite y que el 60% esté regularizado. La meta es ambiciosa, pero exige un calendario claro de inversiones, contrataciones de personal técnico y coordinación entre cabildos, ayuntamientos y Gobierno autonómico que, hasta hoy, no se ha hecho público con detalle.
Mientras tanto, el censo de Canarias actualizado puede consultarse en el visor de Grafcan, con la ubicación exacta y el estado administrativo de cada uno de los 403 puntos. Una herramienta de transparencia útil, pero insuficiente si no se traduce en cierres efectivos, sanciones y obras de depuración antes de que termine el verano de 2026.