Después de seis años de baja psicológica, varios intentos de suicidio y seis ingresos hospitalarios, el soldado Agustín Fariña, de 46 años y procedente del barrio pesquero de San Andrés, situado en Santa Cruz de Tenerife, decidió hace casi 70 días plantarse con su caseta de campaña en el Paseo de la Castellana, concretamente frente al Ministerio de Defensa que dirige la socialista Margarita Robles. Su petición es clara: cobrar la pensión que supuestamente le corresponde como militar cesado para vivir dignamente. Una lucha que no solo le ha costado la salud mental, sino también la física. Y es que el tinerfeño permaneció 40 días en huelga de hambre, hasta que fue advertido por el personal del Sámur-Protección Civil de las posibles secuelas irreversibles. No obstante, para entender el calvario de Fariña tendríamos que remontarnos al 2014, año en que durante unas pruebas físicas sufrió una lesión de rodilla que, lejos de quedarse en lo que a priori parecía un simple accidente, marcaría un antes y un después en su carrera profesional y, en definitiva, en la vida del militar.
“Después de 10 días de baja por contingencia profesional, decidí presentarme voluntariamente en el cuartel militar de Hoya Fría, donde operaba mi unidad, para solicitar el alta voluntaria”, ha relatado en una conversación telefónica a DIARIO DE AVISOS el afectado, quien puntualiza que regresó al acuartelamiento con la condición de desarrollar “labores administrativas”. Aunque, según indica, su sorpresa llegó cuando el teniente coronel de la Unidad de Apoyo al Mando de Canarias le espetó que “ni esta unidad ni la institución militar española se puede permitir a un rebajado del servicio”. Fariña intentó mediar con el alto cargo para alcanzar un acuerdo, pero este le retó a incorporarse “de muy malas formas”. Fue entonces cuando comenzó para el tinerfeño “una persecución y un acoso laboral sin precedentes”.
“Al principio, me impedían acudir a mis citas con la traumatóloga por mi todavía lesión de rodilla e incluso llegaron a acusarme sin pruebas de cuatro robos”, cuenta el soldado que, por aquel entonces, comenzó a padecer un continuo estado de nerviosismo. “Entraba al cuartel temblando”, reconoce. Su primer ataque de ansiedad ocurrió después de ser señalado por el mismo teniente coronel como responsable de la sustracción de una caja de herramientas en las instalaciones. “Estuve a punto de sufrir un accidente de tráfico en la autopista TF-1; desconocía lo que me estaba pasando”, asegura el entrevistado, que en ese momento padeció una crisis de ansiedad aguda, tal y como diagnosticó su facultativo.
El 6 de abril de 2015 Fariña recibió la baja psicológica y, desde entonces, ha renunciado a la labor que durante 15 años desempeñó con orgullo y satisfacción: ser soldado de las Fuerzas Armadas. Lo que no cesó fue el hostigamiento por parte de sus superiores que, según el afectado, fue forzado a realizar pruebas antidroga ilegales: “Cerraron la puerta y me obligaron a apagar el móvil”. Ante este panorama y después de que un compañero de unidad admitiera que habían aparecido las herramientas que supuestamente habían sido robadas, “decido presentar una denuncia contra un teniente coronel, dos brigadas, un cabo primero y un soldado”. El tinerfeño había recogido en una grabadora, que escondía en sus partes íntimas, algunos de los episodios más crudos que vivió con temor. “Tras presentar la demanda, empiezo a sufrir una tortura psicológica donde me siento amenazado, coaccionado y pisoteado”, señala. Sin embargo, muy a pesar del denunciante, el proceso judicial quedó archivado porque “no había indicios de delito”, abriéndose otro, esta vez, el militar.
“Me imputaron de dos supuestos delitos que justificaron inmiscuyéndose en mi vida privada y revelando secretos míos muy graves que nadie debería haber sabido”, sostiene con rabia el soldado santacrucero. Los juicios finalmente se celebraron durante 2019 y salió absuelto “gracias a la gran labor de mi abogada, Rut Gutiérrez”. Aunque Fariña ya había sido cesado un año antes por un tribunal militar que dictaminó una pérdida de aptitud psicofísica. Su grado de discapacidad es del 25 por ciento por parte del Ejército español, pese al 50 que le otorgaron varios especialistas independientes. Ahora, exige que sus derechos sean reconocidos: “La Ley recoge que me pertenece una pensión de unos mil euros aproximadamente, la cual ha sido denegada por el Ministerio de Defensa”. El ya exmilitar percibe desde el año 2018 una prestación a través de la Seguridad Social de tan solo 430 euros. “Es inviable que pueda subsistir con esa cantidad porque no puedo pagar alquiler ni comida ni mis tratamientos contra el estrés postraumático con depresión que padezco”. “Tengo que medicarme de por vida porque sufro crisis de ansiedad agudas, insomnio, fobias y pesadillas”, agrega.
Por ello, decidió plantarse frente al Ministerio de Defensa el pasado 9 de abril e iniciar una huelga de hambre que ha mantenido durante 40 días, en los que perdió tres centímetros de masa muscular y seis kilos y medio. A pesar de que en su última analítica practicada por el personal del Sámur-Protección Civil “se me aconsejó que desistiera en mi empeño por posibles complicaciones de salud”, Fariña continúa acampado en el Paseo de la Castellana número 109. Admite que ha llevado a cabo la protesta “por desesperación” y piensa luchar hasta el fin de sus días si es necesario por el sufrimiento tan injusto que ha sentido tanto él como su familia. Cada día, cruza la enorme avenida con un megáfono pidiendo la dimisión de Margarita Robles y denunciando los presuntos acosos a los que están sometidos muchos militares en la institución.
Su única esperanza es la vía civil, mediante la que confía ganar su batalla en los juzgados, aunque para ello tenga que esperar otro año con una “situación económica lamentable”. “El día de mañana, cuando cobre mi pensión -con carácter retroactivo-, tengo pensado abrir una asociación de prevención al suicidio entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército español porque faltan protocolos a seguir”, afirma Fariña, quien lamenta no haber recibido ayuda psicológica cuando intentó quitarse la vida en repetidas ocasiones. “El Ministerio de Defensa ha pretendido mi muerte mediante inducción al suicidio, y lo puedo demostrar”, concluye sin titubeos.