Denuncian que el Ayuntamiento del Puerto de La Cruz tiene que reducir los medios destinados a la tramitación de las licencias urbanísticas

Durante la última sesión del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, el gobierno encabezado por el socialista Marco González sucumbió a las conocidas pretensiones de sus socios comunistas de retirar las competencias al Consorcio Urbanístico para la Rehabilitación de Puerto de la Cruz para otorgar licencias urbanísticas vinculadas a su ámbito de actuación.

Con una propuesta presentada por urgencia a los grupos políticos de la oposición, el gobierno de González pretendía que éstos aprobarán “eliminar de un plumazo” lo que significó hasta la fecha un avance en la concesión de autorizaciones para el desarrollo de proyectos urbanísticos para el municipio, volviendo a recaer este trabajo íntegramente en los funcionarios municipales, aun habiendo manifestado en diferentes ocasiones los miembros de su equipo que los retrasos que hoy sufren los vecinos interesados en contar con una licencia de obra, se deben a que no hay técnicos suficientes en la casa.

El Partido Popular de Puerto de la Cruz manifiesta que esperaban que ese afán característico de controlar toda la administración por parte de la izquierda, se materializara en este mandato en el Ayuntamiento de una manera o de otra, y deja claro que le preocupa que se juegue con esta herramienta que ha dado agilidad al municipio y que ha servido para que vieran la luz proyectos vitales para la renovación de la Ciudad, volviendo a las andadas de cansar a los inversores y vecinos con retrasos innecesarios.

Esta es una muestra más de la falta de liderazgo del Alcalde socialista de la Ciudad Turística, que permite que se arrebate a la gestión municipal un vehículo altamente efectivo, que ha dado grandes resultados para el avance en la renovación del municipio, sólo por un criterio sectario impuesto por la izquierda radical.

Desde el Partido Popular se reivindica que el Alcalde deje de mirar solo para los actos
festivos y que se centre en tomar decisiones que no afecten negativamente a la economía de la Ciudad, como la que se ha aprobado en el último pleno.