La Policía Nacional en Fuerteventura ha detenido a dos empresarios por su presunta implicación en delitos graves contra los derechos de los trabajadores. La intervención se llevó a cabo el pasado 23 de mayo en tres establecimientos hosteleros de la localidad turística de Caleta de Fuste, en el municipio de Antigua. La operación culminó tras una investigación de dos meses y fue desarrollada con la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas.
Según fuentes oficiales de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, durante el operativo fueron localizados seis trabajadores de nacionalidad extranjera que carecían tanto de permiso de residencia como de autorización para trabajar en territorio español. Las condiciones en las que desempeñaban su labor han sido calificadas por los investigadores como inhumanas y vejatorias, evidenciando una clara vulneración de la normativa laboral y de derechos fundamentales.
Los empresarios arrestados en Fuerteventura, que actuaban como administradores solidarios de una misma empresa del sector de la hostelería, presuntamente sometían a sus trabajadores a extensas jornadas laborales sin límite horario. Además, los empleados no disponían de los descansos legales entre turnos ni del derecho a vacaciones. Esta situación se agravaba con prácticas coercitivas que incluían la retención de pasaportes y el alojamiento en condiciones indignas.
Durante la investigación, los agentes de la Policía Nacional de Fuerteventura constataron que los seis trabajadores residían en pequeñas viviendas facilitadas por los empresarios, caracterizadas por la insalubridad, el hacinamiento y la falta de condiciones mínimas de habitabilidad. En algunos casos, se trataba de espacios improvisados donde varias personas compartían un mismo colchón o dormían en el suelo sin ventilación adecuada.
Los investigadores en Fuerteventura siguen buscando más trabajadores explotados
Los investigadores de Fuerteventura consideran que los detenidos se aprovecharon de la vulnerabilidad y la necesidad de los trabajadores en situación irregular, ejerciendo sobre ellos una relación laboral basada en el miedo y la dependencia. Esta práctica no solo representa una grave infracción del Estatuto de los Trabajadores, sino también un delito tipificado en el Código Penal español en lo referente a los derechos laborales y la trata de seres humanos con fines de explotación laboral en Fuerteventura.
La Policía destaca que este tipo de delitos son especialmente preocupantes en zonas turísticas, donde la demanda de mano de obra puede favorecer la proliferación de situaciones laborales ilegales. El caso de Caleta de Fuste se suma a otros operativos recientes en diferentes puntos del Archipiélago, donde también se han detectado irregularidades similares en sectores como la agricultura o la construcción.
Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa implicada y ha puesto en marcha los trámites necesarios para regularizar la situación de los trabajadores afectados, que ahora están siendo atendidos por servicios sociales y entidades de ayuda a migrantes.
Fuentes del entorno de la investigación en Fuerteventura aseguran que no se descartan nuevas detenciones en el marco de este caso, ya que se sigue analizando la documentación intervenida en los registros efectuados durante la operación. Asimismo, se está valorando la posible existencia de testaferros o empresas pantalla vinculadas a los detenidos, que podrían haber servido para ocultar la verdadera dimensión de la red.
Este caso ha generado una fuerte reacción en el ámbito sindical y entre organizaciones de defensa de los derechos humanos, que han reiterado la necesidad de reforzar los controles en sectores económicos vulnerables a la explotación. También se han alzado voces que piden una mayor implicación de las administraciones públicas para prevenir y sancionar este tipo de abusos.
En las próximas semanas, los dos empresarios detenidos serán puestos a disposición judicial, donde se enfrentan a posibles penas de prisión, multas económicas elevadas y la inhabilitación para ejercer cargos de administración en empresas. Mientras tanto, la investigación sigue abierta.