Agentes de la Policía Local de Tacoronte y de la Guardia Civil del puesto de La Victoria de Acentejo disolvieron en torno a las 23.30 horas de este jueves una pedida de mano de tradición gitana, a la que asistieron al menos 300 personas, que tuvo lugar en una finca de la calle Camino La Cuesta, en el término municipal de Tacoronte, según confirmaron fuentes municipales a DIARIO DE AVISOS.
Una vez personados en el lugar, las autoridades identificaron a los responsables de la fiesta por el incumplimiento en la misma de las medidas de seguridad para prevenir nuevos contagios de COVID-19 -algunos tenían mascarillas pero no respetaban el distanciamiento social- mientras que el resto de personas que acudieron al evento abandonó la propiedad paulatinamente.
Tanto el organizador de la boda como el público asistente colaboraron con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo momento. Además, la Policía Local ayudó en las tareas de la regulación del tráfico, debido a la gran cantidad de vehículos que estaban estacionados en el entorno del recinto.
Las quejas de los vecinos de esta zona de Tacoronte por el volumen alto de la celebración motivaron la actuación policial en la finca del Camino La Cuesta, que además se anuncia en diferentes medios y redes sociales para la celebración de eventos, reuniones y actividades de ocio.
En esta ocasión, los agentes levantaron la correspondiente acta de infracción contra la propiedad del recinto al no disponer de la licencia para la celebración de este tipo de eventos, aseguran desde el Ayuntamiento de Tacoronte.
MÁS POLICÍA Y MULTAS DE HASTA 30.000 EUROS
El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, anunció ayer tras una reunión técnica con representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se incrementará la presencia de los agentes para evitar incumplimientos de las medidas sanitarias, al mismo tiempo que avanzó fuertes sanciones para quienes organicen encuentros en los que se ponga en riesgo a la población.
“Quienes realicen fiestas sin licencia municipal, con grandes aglomeraciones, serán sancionados con hasta 30.000 euros”, afirmó Pestana, al tiempo que dijo que, gracias a las actuaciones policiales, se ha logrado disuadir a “muchos” organizadores de este tipo de eventos multitudinarios ilegales en las últimas semanas.
A consecuencia del recrudecimiento de la situación por la pandemia del coronavirus, el delegado del Gobierno en el Archipiélago avanzó que se van a intensificar los dispositivos policiales, porque, “además, es una competencia desleal con quienes cumplen de manera escrupulosa con la ley”.
