La Policía Nacional ha detenido a dos personas de 31 y 67 años, el segundo de ellos con antecedentes policiales, como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los detenidos, supuestamente, aprovechando su actividad laboral vendían a ciudadanos extranjeros en situación administrativa irregular precontratos de trabajo, que no se llevaban a cabo, por unos 1.000 euros.
El fin era que, gracias a la existencia de este precontrato de trabajo, el ciudadano extranjero pudiera regularizar su situación en territorio nacional.
Los agentes de Policía Nacional detectaron a mediados del pasado mes de mayo la posible existencia de personas que, fraudulentamente, estarían ofreciendo precontratos de trabajo a estos ciudadanos en la zona sur de la isla.
Las diligencias practicadas mostraban que, en base a estos precontratos, el ciudadano era dado de alta en la Seguridad Social.
A continuación, ya estaría habilitado para solicitar ante los órganos de la administración pertinentes el permiso de residencia y la autorización de trabajo en España, informa la Policía en una nota.
Tras la concesión del permiso de residencia, los agentes comprobaron que los precontratos eran cancelados y dados de baja en la Seguridad Social, por lo que la relación laboral nunca era llevada a cabo en la práctica.
No obstante, todo ello permitía al ciudadano extranjero permanecer de forma regular en el país durante un año.
UN EMPRESARIO Y UN GESTOR
Los policías nacionales identificaron a dos personas que, aprovechándose de su profesión, empresario y gestor, supuestamente llevaban a cabo esta práctica y los agentes constataron 8 precontratos de esta naturaleza, concluyendo que la compra de cada uno ascendía a unos 1.000 euros.
Igualmente, las diligencias practicadas permitieron la identificación de los presuntos autores de los hechos, a los que, una vez reunidas los suficientes pruebas, se detuvo en la localidad de Adeje.
Los detenidos, junto al atestado instruido por la Policía Nacional, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
Las actuaciones han sido realizadas por policías nacionales de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Local del Sur de Tenerife.