El drama de 123 familias canarias están bajo la amenaza del desalojo en este residencial turístico
En Corralejo, Canarias, un enclave turístico en el municipio de La Oliva, 123 familias se enfrentan a la incertidumbre de un desalojo forzoso. Esta amenaza se cierne sobre los residentes de la urbanización Mirador de Lobos, un antiguo complejo de lujo reconvertido en residencia habitual para casi todas estas familias, muchas de ellas con niños. El gatillo de esta situación es la inminente subasta de las viviendas que ocupan, derivada de una deuda acumulada por el propietario original, que asciende a cerca de 36 millones de euros.
El complejo en lo más turístico de Canarias, inicialmente concebido como un espacio de esparcimiento y lujo con villas y dúplex equipados con piscina y campo de golf, ahora muestra signos evidentes de deterioro y abandono. Entre 2003 y 2008 se edificaron aquí 150 unidades habitacionales, con una inversión de 15,3 millones de euros, de las cuales 27 han sido adquiridas por propietarios privados. El resto se encuentra bajo la sombra de la subasta debido a las deudas del promotor original.
Desde hace más de un año, la empresa propietaria dejó de pagar los servicios básicos, lo que ha obligado a los residentes a recurrir a soluciones de emergencia como la provisión diaria de agua a través de camiones cisterna. La falta de agua y otros servicios esenciales ha llevado a los inquilinos a organizarse y protestar, como evidencian las pancartas en las vallas de la urbanización que claman por un derecho a permanecer en sus hogares.
Las familias canarias reclaman que han sido estafadas
Las familias canarias que viven en Mirador de Lobos han firmado contratos de alquiler de larga duración con la empresa Dunas Pozo Servicios SL. Sin embargo, tras la quiebra de la empresa en 2017, los inquilinos han tenido que empezar a pagar al administrador concursal y enfrentarse a la inseguridad de no saber si podrán continuar en sus hogares una vez finalizada la subasta. El pago del alquiler no garantiza la estabilidad, ya que no se ha realizado mantenimiento alguno en las viviendas y los servicios básicos son intermitentes o inexistentes.
Esta situación de incertidumbre se agrava aún más con la subasta, que comenzó en abril y finaliza el 16 de mayo. El acreedor, Banco Santander, busca recuperar parte de la deuda a través de la venta de estas viviendas, cuyo valor en subasta alcanza aproximadamente los 239.059 euros por unidad, sumando un total potencial de 29,4 millones de euros si todas las unidades son vendidas.
A menos de una semana para que concluya el plazo de la subasta, los residentes enfrentan el futuro con ansiedad y determinación. A pesar de las dificultades, la vida continúa en la urbanización: personas pasean a sus perros, trabajan en el sector turístico local, y los niños juegan en calles que alguna vez fueron parte de un complejo de golf de lujo.
La situación en Mirador de Lobos en Canarias es un reflejo de un problema más amplio que afecta a muchas comunidades en zonas turísticas, donde la especulación inmobiliaria y las dificultades económicas dejan a familias vulnerables en situaciones de extrema precariedad. Los inquilinos reclaman claridad, apoyo y, sobre todo, la oportunidad de continuar viviendo en lo que ahora consideran su hogar, en medio de un marco legal y económico que parece ignorar sus necesidades más básicas.
Así, mientras la isla de Lobos se dibuja en el horizonte en Canarias, testigo silente de la historia de estos residentes, las familias de Mirador de Lobos luchan no solo por su derecho a un techo, sino por el reconocimiento de su dignidad y su papel dentro de la comunidad de Corralejo en Fuerteventura. Este caso subraya la urgente necesidad de políticas habitacionales que prioricen el bienestar humano por encima de los intereses económicos en disputa.
