El Ministerio de Igualdad ha defendido la contratación como asesores de personas condenadas o investigadas por la justicia, como es el caso de las recientes incorporaciones de la exdiputada de Podemos y ahora coportavoz del partido, Isabel Serra, y de los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Meyer.
Y lo ha hecho en respuesta a una pregunta del ex diputado de Ciudadanos Pablo Cambronero, ahora en el Grupo Mixto del Congreso, quien pedía al Gobierno todos los detalles relacionados con el nombramiento de estas tres personas como asesores del departamento que dirige Irene Montero.
AGENCIAS DE COLOCACIÓN
En su iniciativa, recogida por Europa Press, Cambronero cuestionaba que los ministerios ocupados por «podemitas» se estuvieran llenando de «afines» en puestos «inventados» que, a su juicio, «ni tienen labor relevante alguna ni justificación técnica pausible». «Más bien parece –prosigue– que esas carteras se están convirtiendo en agencias de colocación para los residuos de un partido que cuenta en sus filas con personas condenadas por los más diversos hechos delictivos».
Cambronero se centraba en los casos de Serra, Sánchez Mato y Meyer, que el pasado mes de octubre se incorporaron al Ministerio de Igualdad para reforzar el equipo de Montero con vistas a la segunda etapa de la legislatura. Singularmente, Serra fue condenada a 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad y lesiones durante un desahucio en 2014, mientras que Sánchez Mato y Meyer fueron investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos.
Por ello, Cambronero pedía al Gobierno que le aclarase los criterios técnicos usados para contratar a Serra y Sánchez Mato como asesores y a Meyer como jefa de Gabinete de la Secretaría de Estado de Igualdad que ahora ocupa Ángela Rodríguez. Además, preguntaba por las labores que van a ejercer, sus horarios de trabajo y sus salarios públicos y por «cuál es la utilidad para los ciudadanos de estos puestos de designación digital».
REALIZAN «FUNCIONES DE CONFIANZA»
En su respuesta, recogida por Europa Press, el departamento que capitanea Irene Montero explica se trata de puestos que realizan «funciones de confianza» y «asesoramiento especial» y cuya formación y experiencia «no es objeto de baremo» para su nombramiento. «Se encuentran previstos en la correspondiente Relación de Puestos de Trabajo y son retribuidos con cargos a los créditos presupuestarios consignados para es fin», añade.
«Esto no es un Gobierno, es una banda de cuatreros», se quejó el diputado del Mixto nada más recibir la contestación del Gobierno de coalición en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter.
