En torno a 100.000 personas con discapacidad intelectual podrán votar en las elecciones por primera vez este domingo. Un hecho que se ha conseguido gracias a la lucha de las diferentes entidades y asociaciones, quienes propiciaron en 2018 el cambio de la Ley Orgánica 5/1985 del 19 de junio que, hasta entonces, impedía que muchas personas con capacidades diferentes no pudieran votar.
De esta manera, en las elecciones generales de este año todas las personas mayores de 18 años pueden ejercer su derecho al voto, sin distinciones, y sin la necesidad de someterse a una prueba ante un juez, tal y como se había hecho hasta ahora con el resto de personas con discapacidad intelectual que quisieran recuperar su derecho al voto.
Sobre este hecho, la directora del Centro Terapéutico Probosco, Elena Cañete, recuerda que en estos exámenes se llegaban a preguntar cuestiones sobre política o economía como, por ejemplo, la prima de riesgo. “¿Aprobaría este control, aunque sea, la mitad de la población?”, se pregunta.
Además, Cañete celebra que el Estado haya dado este paso, pudiendo dar así voz a muchas personas de un colectivo que, hasta ahora, no habían podido expresar sus opiniones igual que el resto.
Por su parte, la trabajadora social de Probosco Any García señala que una de las opiniones negativas que suele recibir el colectivo ante su derecho al voto es la supuesta facilidad con que este puede ser manipulado. “Creo que las personas que piensan esto opinan sobre una causa que les resulta completamente ajena y la tratan con nimiedad. Les resulta lo más sencillo, antes de pararse un momento a reflexionar y pensar lo que supone de verdad”.
En este sentido, explica que quienes tienen la oportunidad de compartir su día a día con personas con discapacidad intelectual “observan con otros ojos la riqueza de la diferencia”. Por eso, invita al resto a experimentar lo mismo y recuerda: “¿por qué se teme a 100.000 votos de ilusión?”.
