La auditoría encargada por el Ayuntamiento capitalino constata, según la primera teniente de alcaldesa, que los procedimientos de contratación llevados a cabo durante la gestión de CC eran “discrecionales” y “desatendían los mínimos requisitos” exigidos en el sector público.
La auditoría encargada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para conocer la gestión realizada en la Sociedad de Desarrollo desde 2017 hasta junio de 2019, constata que el 95% de los procedimientos de contratación de servicios eran “discrecionales y desatendían en gran medida los mínimos requisitos de contratación pública”, según desveló ayer la primera teniente de alcaldesa Matilde Zambudio (Ciudadanos). Ello implica, según afirmó Zambudio, actual responsable de la Sociedad, que lo que primaba por aquel entonces, cuando el organismo municipal era gestionado por Coalición Canaria, era la “adjudicación a dedo”.
Para la concejala, la auditoría “viene a acreditar que en la Sociedad de Desarrollo, mientras Alfonso Cabello estaba al frente y José Manuel Bermúdez era alcalde, se actuaba de manera “sistemática” y “generalizada” como si fuera un “chiringuito político”, pues “prevalecía el dedazo frente a la ley”, algo que Zambudio ya había trasladado el día de su toma de posesión.
Sobre todo esto, la edil quiso “dejar claro” que los trabajadores de la Sociedad llevaron a cabo “un gran trabajo” y que la auditoría pone de relieve “un problema de gestión y de directrices políticas, un grave problema de adjudicaciones a dedo, en contra del interés de los vecinos y de las empresas”.
Por todo ello, la edil trasladó que el resultado de la auditoría “llevará el cauce que corresponde” en estos casos, por lo que anunció que se llevaría a la Fiscalía “junto a toda la adjudicación que fue objeto de análisis por parte del auditor”.
Concretamente, lo que el informe pone bajo la lupa, según señalaron fuentes del propio Ayuntamiento, fueron los procedimientos de contratación llevados a cabo en la Sociedad de Desarrollo, que no son fiscalizados por el interventor municipal, como sí ocurría con las cuentas de dicho organismo.
De la auditoría, realizada por Antonio Martos, se extraen tres conclusiones. Entre estas, está la “cuestionable necesidad de la Sociedad de Desarrollo para la gestión de servicios típicamente administrativos”, por lo que su funcionamiento pudiera responder a una forma de “huida del Derecho Administrativo”, dado el régimen jurídico al que está sometida para proveerse de recursos tanto materiales como humanos.
En detalle, se señala que la actividad de la Sociedad se concentra “efectivamente en la realización de servicios para el Ayuntamiento mediante contrataciones que no quedan sometidas a la fiscalización previa de los órganos de intervención”.
En segundo lugar, la auditoría concluye, como ya se explicó con anterioridad, que los procedimientos de contratación de servicios son “discrecionales” y “desatienden en gran medida los mínimos requisitos de contratación pública”.
Esta segunda conclusión respondería a que en la relación entre la Sociedad y el Ayuntamiento no se establece “la obligatoriedad de seguir un procedimiento de licitación pública” a la hora de realizar una adjudicación, lo que supondría “una excepción a la normativa sobre contratación pública”.
En ese sentido, el documento recoge una serie de presuntas irregularidades, como la falta de explicaciones suficientes en los informes justificativos de gastos (el 100% de los contratos no tendrían argumentada su necesidad) o el abono de facturas que no corresponden al marco de las actuaciones objeto del encargo.
En esa misma línea, se señala que se produjo el incumplimiento de los requisitos mínimos de concurrencia competitiva necesarios a la hora de valorar las ofertas, ya que solo se disponía de un solo presupuesto en los contratos menores y no se adjuntaban presupuestos comparativos en la mayoría de casos (el 95% del total).
Por último, se remata con que “la falta de transparencia y de una gestión planificada” a la hora de realizar las contrataciones “contribuye al encarecimiento de los costes de los servicios contratados”, con un 15% de contratos menores con posible incremento de costes por falta de concurrencia.
HERNÁNDEZ: “LAS EXPLICACIONES LAS TENDRÁN QUE DAR EN LA FISCALÍA”
La alcaldesa de Santa Cruz, Patricia Hernández, defendió ayer que “la señora Zambudio encargó la auditoría hace ya bastantes meses” y que “lo que ha dado a conocer es la definición de esa auditoría en papel”.
Por tanto, prosiguió Hernández, “no se le escapa a nadie, porque no era ningún secreto, que se estaban analizando unos procedimientos que considerábamos turbios, y, ahora, lo dice un auditor independiente, no nosotros”.
En cuanto a la defensa que el concejal de CC, Alfonso Cabello, hizo de su gestión tras conocerse la auditoría, Hernández insistió en que, sobre lo que tiene que dar explicaciones es de por qué “el 95% de los contratos estaban firmados sin procedimiento alguno, sin informe de necesidad, sin pedir varios presupuestos, y asignados a dedo. Esta es la clave, a partir de ahí es disparar al mensajero. Tendrán que dar cuenta de esto en la Fiscalía”.
Asimismo, Hernández también negó que se hubiera encargado la auditoría después de que se publicara “una conversación privada, que ya veremos si de forma ilícita o no” e insistió en que la filtración de su conversación privada fue “una cortina de humo” con el fin de evitar que se conocieran datos como los que aporta esta auditoría.
En ese mismo sentido, la alcaldesa aseguró que los auditores estaban “escandalizados” por los papeles que iban viendo en el desarrollo de la auditoría.