KKR: el fondo vinculado a Israel que captó 12,7 millones públicos en España

Una investigación sobre los vínculos de Israel con el capital financiero internacional pone el foco en el fondo estadounidense KKR y su red de macrofestivales en España. Según los datos extraídos de los portales de contratación pública del Estado y de las comunidades autónomas, la filial española de KKR, Superstruct Entertainment, habría canalizado al menos 12.798.632 euros en financiación pública hacia trece de los festivales de música más conocidos del país mediante contratos de patrocinio y adjudicaciones directas, sin concurrencia competitiva abierta.

El caso cobra especial relevancia por las conexiones que los investigadores establecen entre KKR y el Estado de Israel a través de inversiones en sectores estratégicos: inmobiliario en territorios palestinos ocupados, ciberseguridad vinculada a exoficiales de inteligencia y centros de datos en ciudades israelíes. La magnitud de la financiación pública detectada y la opacidad del mecanismo utilizado han encendido un debate político y cultural de alcance nacional.

O Son do Camiño y la red de festivales vinculada a Israel

La joya de la corona de este modelo es O Son do Camiño, el festival que cada verano convierte el Monte do Gozo de Santiago de Compostela en uno de los mayores escenarios musicales de la Península. Solo este evento ha recibido 6,2 millones de euros públicos en los dos últimos contratos, articulados a través de la Axencia de Turismo de Galicia: uno por 3.025.000 euros adjudicado en abril de 2025 y otro por 3.170.200 euros en mayo de 2026.

Ambas licitaciones fueron convocadas por el organismo dependiente de la Xunta de Galicia y repartidas directamente a la unión temporal de empresas que opera el festival desde su adquisición por KKR, convirtiéndolo en el festival más beneficiado del grupo en términos de financiación pública, muy por delante de cualquier otro de los trece eventos analizados.

Resurrection Fest, el macrofestival de metal y rock extremo que cada julio toma la localidad lucense de Viveiro, también aparece como beneficiario recurrente de la Axencia de Turismo de Galicia. En junio de 2025 recibió 605.000 euros, y en junio de 2026 la cifra ascendió a 844.000 euros. A ello se suma un contrato adicional de la Deputación de Lugo por 123.966,94 euros, adjudicado en mayo de 2026. En total, el festival metalero acumula más de 1,5 millones de euros públicos en el periodo analizado.

El FIB (Festival Internacional de Benicàssim) y Arenal Sound, vinculados al Patronato Provincial de Turismo de Castellón, suman entre los dos más de 700.000 euros en contratos adjudicados en 2025 y 2026. Morriña Fest recibe 363.000 euros de la Axencia de Turismo de Galicia en dos ejercicios consecutivos. Caudal Fest combina contratos del Concello de Lugo y de la propia Axencia de Turismo, sumando más de 430.000 euros. Bahía Sound, en San Fernando (Cádiz), recibe fondos de la alcaldía local y de la Diputación de Cádiz, mientras que Sonórica Festival aparece financiado por la Sociedad Regional Cántabra de Promoción Turística y por el Ayuntamiento de Castro-Urdiales.

KKR controla esta constelación de festivales a través de Superstruct Entertainment, que opera en España mediante una red de sociedades mercantiles. Los datos revelan un modelo de negocio en el que la financiación institucional no es un complemento marginal, sino un pilar estructural sin el que muchos de estos eventos serían insostenibles. El mecanismo empleado, según la investigación, es el contrato de patrocinio: una fórmula que permite esquivar los procesos de concurrencia competitiva habituales en las subvenciones públicas y facilita las adjudicaciones directas.

Las inversiones de KKR en Israel: inmobiliario, ciberseguridad y centros de datos

En 2024, KKR aterrizó en la música mediante la compra de Superstruct Entertainment, grupo que organiza hasta 80 festivales en todo el mundo, entre ellos algunos de los eventos más conocidos que se celebran en España. Sónar, Viña Rock, Resurrection Fest, Monegros Desert Festival, Arenal Sound o el FIB de Benicàssim funcionan bajo esta estructura, tras un acuerdo de compra que se cerró por 1.300 millones de euros.

La vinculación con Israel se articula, entre otras vías, a través del grupo alemán Axel Springer, del que KKR es principal inversor desde 2019. Axel Springer, dueño de cabeceras como Bild, Die Welt, Business Insider o Politico, tiene también una línea inmobiliaria llamada Yad2, que oferta viviendas en territorios ocupados. Un anuncio publicado en la prensa israelí en diciembre de 2024 mostraba un mapa que incluía zonas reconocidas por el derecho internacional como palestinas: Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania.

Según una investigación de The Intercept en 2024, el portal Yad2 publica anuncios de apartamentos en alquiler y en venta en asentamientos israelíes de Palestina considerados ilegales por el Tribunal Internacional de Justicia de la ONU. La investigación encontró miles de apartamentos en asentamientos ilegales de la Cisjordania palestina ocupada publicados en ese portal.

En materia de ciberseguridad, KKR entró en el mercado israelí a través de la compañía Optiv, que estableció colaboración con la firma Israel IntSights, fundada por exoficiales de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Israel. En ese mismo campo, en el verano de 2021, KKR respaldó a la empresa Global Technical Realty, anunciando un nuevo centro de datos subterráneo de 10,5 megavatios en Petah Tikva, ciudad creada por Israel en territorio históricamente poblado por el pueblo palestino. Además, KKR controla también Guesty, plataforma de software de gestión de propiedades inmobiliarias con sede en Israel.

Henry Kravis, cofundador del fondo, aportó un millón de dólares en la primera toma de posesión de Donald Trump en 2016 y es reconocido como un importante donante de iniciativas culturales promovidas por el Estado de Israel. La investigación también señala a David Petraeus, exdirector de la CIA, como figura activa dentro del grupo en áreas estratégicas, lo que los autores del informe interpretan como una expresión de la estrecha relación entre capital financiero, intereses geopolíticos y estructuras de poder militar.

Bandas de música de todo el Estado comenzaron a anunciar su salida de los festivales vinculados al fondo tras conocerse los vínculos de KKR con la promoción inmobiliaria en territorios palestinos ocupados ilegalmente por Israel y la creación de centros de datos en ciudades israelíes como Petah Tikva. Entre los artistas que emitieron comunicados cancelando sus actuaciones figuran Residente, Judeline, Samantha Hudson, Camellos, Jimena Amarillo, Los Prados, Porretas y Free City.

Desde Superstruct, un portavoz ha subrayado que «los festivales operan con autonomía y siguen haciendo lo que hacían», y que KKR «no da directrices y no se mete en negocios». La empresa también asegura que el dinero recaudado no implica una subida de los dividendos de los accionistas y que «todo se va a reinvertir en los propios festivales».

«KKR es un accionista más de los otros que conforman la estructura accionarial. Los festivales operan con autonomía y siguen haciendo lo que hacían.»

Portavoz de Superstruct Entertainment·Representante corporativo de Superstruct Entertainment

El movimiento BDS ha recordado que la celebración de eventos promovidos por un fondo involucrado de forma directa con la economía de la ocupación implica complicidad de la propia empresa y de las instituciones públicas que permiten su organización. Así lo establece, según BDS, la resolución de la ONU del 18 de septiembre de 2024, que exige a las naciones firmantes, entre ellas España, impedir relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación israelí.

En el caso del Sónar de Barcelona, al menos 28 artistas decidieron anular sus conciertos en 2025. Cuando los artistas confirmados para un festival deciden no actuar, los expertos coinciden en que esto puede considerarse una modificación sustancial de las condiciones del contrato, lo que daría derecho al comprador a reclamar la devolución de la entrada o incluso una rebaja proporcional, según el artículo 24.4 de la Ley de Espectáculos públicos.

El debate sobre el destino final de los fondos públicos destinados a grandes eventos culturales privados queda abierto con esta investigación. Las administraciones que han financiado estos festivales los defienden habitualmente como motores económicos y turísticos para sus territorios. Sin embargo, las voces críticas advierten de que el modelo de patrocinio directo, sin concurrencia pública, podría estar concentrando recursos en grandes fondos internacionales con intereses geopolíticos complejos. La investigación concluye que el negocio de los festivales en España podría representar solo una parte de una estructura mucho más amplia de captación de capital público a través de redes empresariales globales.