La candidata del Partido Popular (PP) a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha situado este jueves a la vivienda como “eje central” de su campaña electoral y ha apostado por flexibilizar la normativa urbanística municipal para promover la construcción de casas destinadas a solicitantes de vivienda a precios bajos.
Jimena, durante un encuentro con la Asociación de Promotores de Canarias, ha apostado por “ampliar los usos compatibles, reformar las normas zonales, otorgar más alturas a cambio de suelos para esponjar y para dotaciones o compatibilizar el uso residencial y administrativo”, entre otras medidas novedosas para acabar “con unos de los problemas que más preocupa a nuestros vecinos”.
“Con esta medida”, en referencia a compatibilizar el uso residencial y administrativo, “podremos posibilitar viviendas en bajos que ahora son comerciales sin uso”, a lo que sumó otras propuestas legislativas en el ámbito municipal como introducir el certificado técnico de proyectos “que posibilite la obtención de licencia de obra con carácter inmediato”.
Entre las medidas que también promueve el Partido Popular se encuentran “concertar con el sector privado la construcción de vivienda pública y ampliar las posibilidades de segregación de inmuebles para generar diversos apartamentos y lofts”, como otros ejes centrales de su propuesta.
“Son medidas concretas ya que como no se consigue vivienda es mediante anuncios propagandísticos en una campaña electoral, que es lo que hace el PSOE”, aseveró Jimena. En Las Palmas de Gran Canaria no se construye vivienda pública nueva para nuevos solicitantes desde hace más de 10 años, y eso a pesar de la enorme cantidad de millones que tiene en el banco “muertos de risa” el Ayuntamiento, se lamentó la candidata del PP.
“Hay que poner más vivienda en el mercado. Hay suelo y hay dinero, lo que no ha habido es capacidad política para hacerlo. Los precios no se moderan poniendo más restricciones en el mercado o atacando a los propietarios o a los promotores, sino incrementando la oferta y flexibilizando normativa. Y contando con la colaboración público-privada, porque si no será imposible. El ritmo de construcción de la Administración Pública es de tortugas y la gente no puede esperar más”, aseveró.
La ciudad tiene suelo disponible para construir más de 7.000 vivienda protegida nueva. Además, tiene margen para crear su propia bolsa de pisos de alquiler social, con el Ayuntamiento como garante ante los propietarios para el cobro puntual de sus rentas y dando el soporte a las familias con más necesitadas.
“Intentar controlar los precios de los alquileres, depositar la carga de la protección social a familias que no pueden seguir pagando sus rentas de alquiler en los propietarios de los inmuebles, en vez de en la administración, o permitir que alguien entre en un inmueble y lo ‘okupe’ y tengan que pasar años para que su propietario lo recupere, lo único que consigue es que aún haya menos viviendas que se pongan en el mercado para el alquiler. Las recetas de la izquierda no funcionan. Por eso estamos en esta situación”, finalizó.