La escalada inflacionista que afecta a los cereales procedentes de Ucrania ya afecta al sector primario canario, según ha confirmado este lunes el presidente regional, Ángel Víctor Torres, tras una reunión de su Consejo Asesor para valorar el impacto económico de la invasión rusa de este país.
Ante esta situación, y como se hizo con motivo de la erupción del volcán de La Palma, el presidente canario ha abogado por aportar entre todos medidas diversas que contribuyan a paliar los sobrecostes que este conflicto bélico puede acarrear al campo canario por la carestía o desabastecimiento de insumos.
El Consejo Asesor del presidente del Ejecutivo regional ha analizado este lunes un informe elaborado por la Consejería de Economía que establece tres escenarios posibles, con sus respectivas repercusiones, en la evolución de esta coyuntura de incertidumbre, el peor de los cuales supondría “una afección descabellada” y una deflación como la registrada en 2020 por la covid.
El primer estadio, en el que nos encontramos, apunta a una previsible normalización, de darse un alto el fuego definitivo en breve, mientras que el escenario intermedio, referido a una duración moderada del conflicto, de meses, llevaría a revisar a la baja el crecimiento del PIB y la evolución del empleo, según ha dicho el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González.
Tanto Torres, como los presidentes de las patronales de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, Agustín Manrique de Lara y José Carlos Francisco, y los secretarios generales de CCOO y UGT en las islas, Inocencio González y Manuel Navarro, han coincidido que esta invasión no tendrá, a priori, consecuencias directas para el archipiélago, región que sí puede verse afectada por cómo impacte en Alemania y Reino Unido la escasez de petróleo y gas procedentes de Rusia, además de por la subida de precios, que fue del 6 % en enero y se prevé que haya llegado al 7 % en el pasado mes de febrero, ha apuntado Francisco.
De igual forma, todos han condenado la invasión rusa de Ucrania, que Torres ha circunscrito a “los delirios de un sátrapa que, saltándose toda la legalidad internacional, está masacrando a un pueblo inocente”, y han deseado o exigido, en el caso del presidente canario, el fin de esta contienda bélica porque, de prolongarse mucho en el tiempo, tendrá unas consecuencias imprevisibles.
Manrique de Lara ha estimado oportuno que en esta coyuntura, en la que también se suceden los ataques cibernéticos a administraciones públicas, no se debe caer en el abatimiento, sino que lo que corresponde es ayudar, la acción.
El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios ha reclamado a la Administración “agilidad, eficiencia y seguridad y un marco flexible en todos los ámbitos”, de forma que se pueda contar con una red social para atender a las personas más vulnerables.
Aunque, según el presidente Torres, no ha sido un asunto abordado en la reunión de este lunes, Manrique de Lara ha planteado la necesidad de que “se relajen las medidas fiscales”, no solo para las empresas, sino también para las familias, habida cuenta del alza de precios que mermara su poder adquisitivo, y que se “moderen o paralicen las previsiones de crecimiento de los tipos de interés”.
En cualquier caso, ha admitido que lo que más preocupa a la CCE es la incertidumbre, que es el entorno que predominará.
Para José Carlos Francisco, de la CEOE, quien ha recalcado que esta es “una legislatura especialmente convulsa, con demasiados sobresaltos para corazones normales”, las características del impacto socioeconómico de esta invasión van a depender de la amplitud territorial y la prolongación que tenga en el tiempo, siendo la inflación su principal motivo de preocupación, ya que ello derivará en otras afecciones, como el coste del dinero o el número de desplazados que genere, que ya se ha estimado en cinco millones de personas.
En su opinión, esa sería una cifra de refugiados asumible para la Unión Europea, ya que solo representaría al 2 % de su población.
Al respecto, ha considerado que Canarias, en el porcentaje que le corresponda, tiene capacidad para acoger a ucranianos, como ha ya confirmado el presidente Torres que hará, tal y como establece la UE, porque, a su juicio, esta región “no tiene por qué estar alejada de estas políticas de acogida”.
Los representantes sindicales han incidido en que, como ocurrió con la desatada por la covid-19, en esta nueva crisis se ha de propiciar “amparo social” a empresas y trabajadores que lo necesiten, de ahí que el responsable de CCOO, Inocencio González, haya rechazado la petición de las patronales de que se relajen o queden en suspenso las reglas fiscales, al entender que “la participación pública en un momento como el actual tiene que garantizarse, lo que no sería posible si empezamos a rebajar cosas en materia fiscal”.
