El Gobierno de Canarias ha presentado este lunes 21 de julio de 2025 una actualización del censo de vertidos de aguas residuales al mar, revelando que el archipiélago cuenta actualmente con 403 puntos de vertido, de los cuales 216 no están autorizados para su funcionamiento. Esta cifra representa más del 53% del total, lo que ha encendido las alarmas sobre la gestión ambiental y la calidad de las aguas costeras.
Según explicó el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, 361 de los puntos están activos, y de ellos, 112 cuentan con autorización, mientras que 75 están en trámite, un proceso que puede tardar entre seis y ocho meses. El objetivo del Ejecutivo regional es que, de cara a 2027, el 85% de los puntos no autorizados estén al menos en trámite, y que el 60% estén regularizados.
El 64% de los vertidos en Canarias provienen de aguas residuales urbanas, mayoritariamente de titularidad municipal e insular. El resto corresponde a emisarios privados, industriales o mixtos. La falta de infraestructuras de depuración y de personal técnico cualificado para tramitar las autorizaciones ha sido señalada como una de las causas principales de esta situación.
Desde 2021, se han cerrado 31 puntos de vertido en Canarias, aunque el director general de Lucha contra el Cambio Climático, Ángel Montañés, matizó que “cerrados no significa inactivos”, ya que algunos pueden seguir vertiendo en momentos puntuales.
Vigilancia intensiva sobre los emisarios más contaminantes de Canarias
El Gobierno de Canarias ha anunciado que se realizará un seguimiento más cercano a 20 emisarios prioritarios, seleccionados por su impacto ambiental y por estar en distintas fases administrativas. Entre ellos destacan el emisario de la zona del Teatro Pérez Galdós en Las Palmas de Gran Canaria y el de Cabo Llanos en Santa Cruz de Tenerife.
Por islas, Tenerife acumula 180 puntos de vertido, seguida por Gran Canaria con 115, lo que supone que ambas concentran el 81,7% del total. Fuerteventura cuenta con 40, Lanzarote con 36, La Palma con 18, La Gomera con 10 y El Hierro con 5.
La Consejería ha puesto a disposición pública un mapa interactivo en el visor de Grafcan, donde se puede consultar el estado administrativo de cada punto de vertido, su localización exacta y titularidad. Esta herramienta busca mejorar la coordinación entre ayuntamientos, cabildos y entes públicos, y facilitar la regularización de los emisarios.
Zapata subrayó que su departamento no tiene competencias para depurar aguas ni ejecutar obras de saneamiento, sino únicamente para autorizar los vertidos que afectan a las playas de Canarias. El control de la calidad del agua en las playas corresponde a la Dirección General de Salud Pública, mientras que las sanciones por vertidos ilegales recaen en la Agencia Canaria de Protección del Medioambiente.
El Gobierno de Canarias trabaja en un nuevo decreto sobre vertidos y en una hoja de ruta que incluye reuniones técnicas con administraciones locales para asesorar en el proceso de legalización. La meta es avanzar hacia un modelo de gobernanza más eficaz, que garantice la protección del medio marino y la salud pública.
Este nuevo censo en Canarias no solo ofrece una fotografía actualizada del problema, sino que se convierte en una herramienta clave para reducir el impacto ambiental de los vertidos y mejorar la gestión de las aguas residuales en Canarias. La ciudadanía podrá seguir de cerca los avances y exigir mayor responsabilidad institucional en uno de los desafíos ecológicos más urgentes del archipiélago.