La Audiencia Nacional ha determinado que un vecino del sur de Tenerife reciba una indemnización de 4.000 euros tras haber permanecido un año en la cárcel pese a no tener antecedentes penales y ser inocente de los cargos de blanqueo de capitales y asociación ilícita que le imputaban.
Este ciudadano es hijo de R.C., otro de los involucrados en una presunta trama mafiosa y de la que también fue absuelto.
En su caso se reconoció una compensación de 10.000 euros de los que no ha visto cantidad alguna porque el dinero se destinó a pagar deudas con la Seguridad Social, ya que durante los años de cárcel fue imposible abonarlas.
En esta presunta trama llegaron a estar acusadas 21 personas que finalmente fueron absueltas y sobre las que pesaba una petición de cárcel de 10 años y medio para cada uno de ellas.
Las sospechas apuntaban a que los fondos invertidos en la construcción de un complejo turístico en Adeje, denominado Marina Palace, provenían del blanqueo de operaciones y tráfico de hachís.
Pero finalmente se demostró que no existía “ni siquiera una previsión cuantificable del dinero supuestamente blanqueado”.
Esta noticia tuvo gran trascendencia en los medios de comunicación, incluso nacionales, durante aquellos años.
En el caso de este ciudadano que será indemnizado, en un primer momento el Ministerio de Justicia rechazó su reclamación de responsabilidad patrimonial para que fuera compensado por permanecer en la cárcel entre finales de 2011 y diciembre de 2012.
Desde un primer momento defendió su inocencia y así quedó ratificada en una sentencia absolutoria emitida cuatro años después.
Entonces reclamó que se le compensara con casi 64.000 euros, más intereses, de los que 2.000 se corresponderían al daño moral sufrido al no poder salir del territorio nacional, otros 16.000 por no poder hacer uso de sus cuentas bancarias, 6.000 por haber ingresado en un centro penitenciario de Madrid y Salamanca lejos de su entorno familiar en Tenerife y otro tanto por la gravedad de los delitos acusados.
Y es que durante la instrucción se le relacionó con organizaciones criminales o clanes mafiosos que supuestamente se localizaban en una urbanización de la que su padre era presidente.
También pide ser resarcido con otros 12.000 euros por la repercusión pública de su detención.
Incluso tras ser decretada su prisión provisional se le obligó a comparecer mensualmente en el Juzgado hasta la celebración del juicio en 2016.
Años atrás el Tribunal Constitucional modificó la legislación e impuso nuevas condiciones para indemnizar a todos aquellos que sufrieran prisión preventiva de forma injusta.
En concreto, fijó que tendrían este derecho quienes quedaran absueltos o se dictara auto de sobreseimiento libre, siempre que se le hubiesen causado perjuicios.
El Constitucional concluye que no se puede diferenciar entre inocentes por hechos que nunca existieron y los que han quedado libres por falta de pruebas.
Pese a reconocerse que en este caso los perjuicios derivados de la privación de libertad ya son causa de daño moral, agravado por la lejanía de su hogar en Tenerife, retirada del pasaporte y limitaciones bancarias, la indemnización se limita a 4.000 euros por todos los conceptos.
