El sindicato de funcionarios Manos Limpias ha presentado este lunes una querella criminal contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, por la presunta comisión de los delitos de homicidio imprudente, de lesiones y de prevaricación, al permitir que se celebrara la manifestación del 8-M con motivo del Día internacional de la Mujer a pesar de la epidemia de coronavirus.
El escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha interpuesto en los juzgados de instrucción madrileños dado que entienden que son los competentes para dirimir sobre el asunto dado que la manifestación se celebró en la capital, y resaltan en la descripción de los hechos que dicho acto multitudinario «fue alentado no solo por los medios de comunicación, sino también por el Gobierno de la Nación, con asistencia de varios miembros del Ejecutivo».
Según datos de la propia Delegación del Gobierno, a esa manifestación que recorrió las calles de Madrid asistieron 120.000 personas, una cifra considerablemente inferior a la de 2019. Los días previos, el Ministerio de Sanidad insistió en que no veía necesario suspender las manifestaciones por el coronavirus, aunque recomendó que no acudieran personas con síntomas.
Manos Limpias resalta en la querella que seis días antes de la marcha por el 8-M el Departamento de Seguridad Nacional de la Moncloa emitió un documento titulado ‘CORONAVIRUS (COVID-19)’ en el que se explicitaba que se valoraba y estudiaba «la posibilidad de subir el nivel de las medidas para pasar de una fase de contención a una de mitigación».
«Tengamos en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó antes del 8-M del riesgo de concentraciones por el temor a la propagación del virus. Ya había voces autorizadas de responsables de Sanidad de las Comunidades Autónomas, como la de Madrid que en la reunión con el Ministro de Sanidad, alertaron –de la necesidad de — restringir las multitudes, como la del domingo día 8», añaden.
«LA ESPIRAL DE CONTAGIO»
Para el sindicato presidido por Miguel Bernad, los hechos evidencian «de una manera clara, rotunda, determinante y sin ningún tipo de duda, que de no haber celebrado la manifestación del Día 8 de Marzo», no se habría producido «la espiral de contagio» en la Comunidad de Madrid. Y afirman que «un porcentaje más que significativo de contagio deviene de personas que participaron en la manifestación del 8 de Marzo».
Desde Manos Limpias, señalan que si bien la semana pasada Bernad envió a través de Correos en sobre abierto una denuncia contra el delegado del Gobierno por permitir el 8-M, ante unos hechos «tan graves» ahora optan por interponer esta querella y avanzan que tienen la intención de personarse como acusación popular.
Además, indican que esta querella es «imprescindible» ante la proliferación de «denuncias y querellas temerarias incluso contra el presidente del Gobierno o contra líderes políticos que acudieron a la manifestación». Advierten de la necesidad de orientar la acción penal y civil «contra quien ocupaba el órgano funcionalmente responsable de la celebración de la manifestación, esto es la Delegación del Gobierno en Madrid.
HASTA CUATRO AÑOS DE CÁRCEL POR HOMICIDIO IMPRUDENTE
En cuanto a los delitos en los que pudo incurrir Franco, desde Manos Limpias recuerdan que el artículo 147 del Código Penal establece que incurre en un delito de lesiones quien «por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal y su salud física o mental». Informan de que la pena por este delito va de los 3 a los 6 meses de cárcel.
A éste, y atendiendo al artículo 142 del Código Penal, suman el de homicidio imprudente, en el que incurre aquel que «por imprudencia grave causare la muerte de otro» y que conlleva penas de prisión de uno a cuatro años. Recuerdan que en este caso «si el homicidio se hubiera cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un periodo de tres a seis años».
Al de lesiones y homicidio imprudente, suman el de prevaricación, y recuerdan que según el artículo 404 incurre en él la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, «dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo». Apuntan que este delito se castiga con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Por todo esto, piden que se practiquen las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y de igual modo consideran que se debe tomar declaración en calidad de investigado a Franco, y que la Delegación del Gobierno debe remitir al juzgado toda la documentación que le hizo llegar el Ministerio de Sanidad en relación al Covid-19.