Marruecos pone autobuses para llevarse a los menores migrantes de Ceuta, pero ellos y los juzgadores lo impiden

Ceuta sigue en crisis, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, ha declarado que su país está dispuesto a enviar autobuses a la frontera con Ceuta para recoger a los menores marroquíes que permanecen en Ceuta. Lo dijo en una entrevista con la televisión pública marroquí 2M, y añadió una precisión relevante: los considera víctimas y no delincuentes, y sostiene que carecen de la responsabilidad penal que tendría un adulto.

El propio ministro reconoció, sin embargo, que el procedimiento no es sencillo. Enumeró tres pasos: verificar la nacionalidad marroquí de cada menor, evaluar su situación jurídica individual y organizar el traslado. Lo que no mencionó es que la parte española del proceso tiene requisitos propios, y que ya fueron determinantes la última vez que se intentó algo parecido.

Qué ha ofrecido Marruecos y qué ha pedido en la misma entrevista con la crisis de Ceuta

La oferta llega tras semanas de reclamaciones a Ceuta. Desde comienzos de agosto, Rabat viene exigiendo el retorno de los menores marroquíes no acompañados, no solo de los que cruzaron a finales de julio sino también de quienes ya estaban acogidos en centros de otras zonas de España. Ouahbi ha defendido que el entorno familiar y el propio país constituyen el marco más adecuado para su futuro.

Conviene, eso sí, situar esas declaraciones en su contexto completo, porque el mismo ministro aprovechó su intervención en 2M para reiterar la reivindicación marroquí sobre Ceuta y Melilla, aludiendo a lo que denominó derechos históricos y geográficos y proponiendo abrir un canal formal de diálogo con España sobre esa cuestión. Ambas peticiones se formularon en la misma comparecencia.

Ouahbi ha ido añadiendo condiciones en días sucesivos en Ceuta. En una entrevista con la cadena Al Arabiya reclamó una solución global que incluya informes forenses sobre los fallecidos durante el cruce y la repatriación tanto de los cuerpos como de los supervivientes. Y ha sostenido que el asunto está siendo objeto de interpretaciones políticas alejadas de los hechos, mientras asegura trabajar con España y con la Unión Europea en una solución permanente.

Los números de la situación son estos. El Ministerio del Interior estimó en torno a 72.000 las personas que accedieron irregularmente a Ceuta entre el 30 y el 31 de julio. El Gobierno calcula que de los más de 10.000 que permanecen en la ciudad, al menos 2.000 son menores que están en la calle. Y el secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez Correa, ha señalado que en las próximas semanas podría producirse el traslado de 500 niñas a la Península.

Los menores consultados por distintos medios sobre el terreno coinciden en un punto: no quieren volver. Varios de ellos aluden a situaciones de violencia familiar como motivo de su salida, y expresan la intención de solicitar asilo y continuar sus estudios en España. Por su condición de menores, ninguno aparece identificado en esas informaciones.

Por qué los autobuses chocan con lo que ya dijeron los tribunales

Aquí está el elemento que casi nadie está aportando y que explica la complejidad real del asunto. No es una hipótesis: es un precedente reciente y documentado.

En agosto de 2021, tras la crisis migratoria de aquel año, España devolvió a Marruecos a 57 menores contra su voluntad y sin que pudieran ejercer su derecho a ser escuchados antes de que se adoptara la decisión. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta ordenó posteriormente el retorno a España de 14 de ellos.

El motivo que expuso la sentencia es el que importa ahora. La expulsión se produjo sin seguir los trámites preceptivos de un expediente de repatriación. Y esos trámites, que la normativa exige antes de que ningún menor pueda ser devuelto, son cuatro: un informe sobre las circunstancias familiares del menor, un informe de los servicios de protección de menores, la intervención del Ministerio Fiscal y, de forma expresa, oír al propio menor.

Ese último requisito es precisamente el que colisiona de frente con la fotografía de unos autobuses esperando en la frontera. Si un menor manifiesta su voluntad de no regresar, o formaliza una solicitud de protección internacional, el procedimiento no puede resolverse por la vía del traslado colectivo. El Defensor del Pueblo llegó a interesarse formalmente por aquel caso.

Existe además un marco bilateral previo que ambas partes citan con lecturas distintas: el acuerdo firmado entre España y Marruecos en 2007 sobre cooperación en materia de menores no acompañados, cuya aplicación reclama parte del arco político español y que nunca ha llegado a desplegarse de forma sistemática.

De modo que la disyuntiva no está entre aceptar o rechazar los autobuses, sino en algo bastante más prosaico: 2.000 expedientes individuales, cada uno con sus informes, su trámite de audiencia y su intervención fiscal. Es la razón por la que este asunto lleva semanas sin resolverse, y la razón por la que difícilmente se resolverá en días.