La empresa pública Tragsa ha sancionado con dos días de empleo y sueldo a un trabajador de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Tabuyo del Monte (León), Pablo González, por realizar declaraciones a un medio de comunicación en calidad de presidente de la Asociación de Trabajadores de las BRIF (ATBRIF) cuando se encontraba fuera de su jornada laboral, en su «tiempo libre».
González realizó unas declaraciones a un medio digital durante la movilización de las BRIF del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para actuar en el virulento incendio forestal de Valleseco (Gran Canaria) el 20 de agosto.
En un comunicado remitido por la asociación a Europa Press, recuerdan que cuatro brigadas, las de Pinofranqueado (Cáceres), Puntagorda (La Palma), Tabuyo del Monte (León) y Daroca (Zaragoza) se trasladaron al incendio de Valleseco en el que trabajaron «duramente» en su extinción durante ocho días fuera de sus casas «defendiendo del fuego las islas y en definitiva el patrimonio natural, bienes y personas de todos los ciudadanos del territorio español».
En este contexto, el bombero forestal realizó unas declaraciones en las que explicó que quedaba «mucho curro» y explicaba que las labores se centraban en la «línea negra y la consolidación del perímetro» a lo que añadía hasta cuándo harían el turno y comparaba el trabajo con el «inmenso» que realizaron en el incendio de Castrocontrigo (León), en el que el fuego calcinó casi 12.000 hectáreas.
«Como se puede observar ni expresan ni muestran ningún secreto o confidencialidad que no se pueda consultar en otros medios de comunicación, así como del funcionamiento de las BRIF que se puede consultar en la web del propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación», ha señalado ATBRIF.
La asociación considera que se trata de «maniobras» de la empresa pública Tragsa, que se apoya en estas declaraciones para «atentar contra uno de los derechos fundamentales de toda persona» como es la libertad de expresión que se recoge en la Constitución.
El colectivo ha recordado que estos trabajadores de las BRIF se «juegan la vida» para cuidar del patrimonio natural, de los bienes y personas del país y frente a ello la respuesta de quienes gestionan es «coartar, censurar, amordazar y sancionar» a sus trabajadores en vez de cuidar a unos profesionales que «siempre dejan el nombre de la BRIF y por ende de sus gestores en lo más alto, gracias a su trabajo, sudor y esfuerzo diario por poco más de 1.000 euros al mes».
A su juicio «no se puede invisibilizar el trabajo que realizan las BRIF», ha señalado la asociación, que apunta que si algo «agrava más este caso» es que la empresa pública que las contrata, Tragsa, en 2014 ya lo intentó sancionando cinco días de empleo y sueldo a un trabajador que tomó una foto en un incendio y después se publicó en redes sociales de ATBRIF, «el revulsivo» de una huelga que duró 107 días.
Esto, ha agregado, dio «más fuerza» para divulgar y difundir aún más «si cabe» la profesión ante lo que consideran la «dejadez» de Tragsa y el MAPA de publicitar y dar luz a este colectivo en el trabajo y actuaciones que realiza, hecho debatido y demandado muchas veces en reuniones oficiales y «con respuesta negativa», por lo que se ven abocados a ser ellos mismos los que se encarguen de esta divulgación.
La Asociación defiende además que es «referente» en información de incendios forestales por su «correcta e impoluta» utilización de redes sociales y medios de comunicación y que su actuación es «cuidadosa en todo momento con la información transmitida».
«No dejamos de suplir un hueco de un gabinete de prensa oficial como puede tener la UME, por ejemplo», añade el colectivo que advierte de que si los gestores no quieren promocionar su trabajo ellos lo seguirán haciendo.
En este contexto, señala que «nunca antes» a ningún cargo o socio de la ATBRIF, ni a ningún trabajador de las BRIF se le había sancionado por hacer declaraciones a la prensa.
El colectivo afirma que seguirá luchando por divulgar y mejorar su profesión «esencial para el bienestar del mundo rural y del medio ambiente» y anuncia que durante toda la semana se programarán acciones de apoyo en las bases de las BRIF y que el miércoles se concentrarán ante la sede de Tragsa en León a las 11.00 horas para mostrar su repulsa a esta «mordaza» y «ataque» a la libertad de expresión.
ACORDE AL RÉGIMEN SANCIONADOR DEL ESTATUTO
Por el contrario, desde Tragsa han informado a Europa Press que la sanción es «la mínima» que dispone en nuevo régimen sancionador recogido en el nuevo convenio laboral por el que se rigen las BRIF y que –recuerdan– «se aprobó por consenso» y rige desde el mes de julio.
De este modo, estas fuentes explican que hacer declaraciones anteriormente no estaba considerado infracción y ahora, sin embargo, para el nuevo estatuto se trata de una infracción «grave», al considerar que estas informaciones, procedan de alguien que está dentro o fuera de su jornada laboral pueden poner en riesgo las tareas de mitigación del incendio y la seguridad de las propias BRIF.
Desde Tragsa admiten que quizá el trabajador no estaba familiarizado con el nuevo estatuto y, por tanto, le han impuesto la sanción mínima, de dos días, lejos de los 15 días a los que ascendería la máxima «según las nuevas reglas».
Así, la empresa pública cree que no ha habido mala fe desde el brigadista que hizo las declaraciones, sino una equivocación pero entienden que las normas no se pueden vulnerar.
En este caso, la sanción se debe a una infracción de la disposición adicional tercera del nuevo anexo 7 de las BRIF que «obliga a guardar secreto profesional respecto a todas las informaciones relativas al servicio de extinción de incendios forestales que se conozcan con motivo del desempeño de su actividad profesional».
Asimismo, Tragsa asegura que la sanción cuenta con el respaldo de las organizaciones sindicales de los brigadistas con quienes se sentaron la semana pasada para informarles de la sanción y que estas mostraron su respaldo a la misma, por lo que no se trata de una decisión unilateral. «Se ha informado de la decisión a los sindicatos y han estado de acuerdo», apostillan desde la empresa pública.
Finalmente, insisten en que las declaraciones suponen una infracción grave porque la información de incendios, cuando el fuego está vivo, es «muy sensible».
