El salario mínimo interprofesional subirá un 3,1% en 2026 tras el acuerdo alcanzado este jueves por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, sin el respaldo de la patronal. La subida situará el SMI en 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y mantendrá su exención del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), una de las principales exigencias de las organizaciones sindicales.
El acuerdo ha sido cerrado entre el departamento que dirige Yolanda Díaz y los sindicatos CCOO y UGT, después de que las organizaciones empresariales rechazaran tanto el incremento salarial como la propuesta de compensación fiscal planteada por el Gobierno para atraerlas al pacto.
Actualmente, el salario mínimo se sitúa en 1.184 euros brutos mensuales, por lo que el aumento aprobado supondrá 37 euros más al mes para los trabajadores que lo perciben. En términos anuales, el incremento alcanzará los 518 euros, según ha subrayado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.
Desde el Ministerio de Trabajo se estima que la mejora salarial beneficiará a alrededor de 2,5 millones de personas, especialmente en sectores con alta precariedad y salarios bajos. Con este nuevo incremento, el Gobierno acumula una subida del salario mínimo cercana al 66% desde 2018, año en el que Pedro Sánchez llegó a la presidencia del Ejecutivo.
El salario mínimo y el choque entre sindicatos y patronal
El aumento del 3,1% fue el mínimo recomendado por el comité de expertos que asesora al Ministerio de Trabajo. Este escenario estaba condicionado a que el salario mínimo continuara sin tributar por IRPF, una decisión que finalmente ha sido avalada por el Ministerio de Hacienda.
El objetivo del alza es compensar la subida de los precios, tomando como referencia el dato de inflación registrado el pasado mes de octubre, y garantizar así el poder adquisitivo de los trabajadores que cobran el mínimo legal con las ayudas de España.
Según los expertos, con esta actualización el salario mínimo se situará ligeramente por encima del 60% del salario medio, una meta que el Gobierno se había comprometido a alcanzar como parte de sus compromisos sociales y laborales.
Las posiciones de los agentes sociales, sin embargo, estaban muy alejadas. Mientras los sindicatos reclamaban una subida del 7,5% —y aceptaban que el SMI tributara por primera vez—, la patronal defendía un incremento del 1,5%, en línea con el aumento aprobado para los funcionarios públicos este año.
“Esta subida consolida una política salarial que protege a quienes más lo necesitan y refuerza el empleo digno”, ha defendido Joaquín Pérez Rey tras el cierre del acuerdo.
Reforma para evitar que se absorban los complementos
El acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos incluye además un compromiso clave: impedir que las empresas absorban o compensen los complementos salariales con la subida del salario mínimo.
Las organizaciones sindicales habían condicionado su apoyo al incremento del SMI a este punto, ya que denuncian que en muchos casos las subidas no llegan realmente a los trabajadores porque las empresas reducen otros pluses salariales, una práctica que ha sido avalada en distintas sentencias por el Tribunal Supremo.
El departamento que dirige Yolanda Díaz prevé aprobar esta reforma mediante un real decreto que transponga la directiva europea sobre salarios mínimos. Al tratarse de un reglamento y no de una ley, no tendría que pasar por el Parlamento.
La patronal considera que esta vía es jurídicamente incorrecta y sostiene que una reforma de este calado debería tramitarse mediante una ley. Por este motivo, todo apunta a que las organizaciones empresariales llevarán el decreto ante los tribunales si finalmente es aprobado.
Desde Trabajo defienden que la medida es necesaria para garantizar que el aumento del salario mínimo tenga un impacto real en las nóminas y no se diluya mediante ajustes internos en las empresas.
El acuerdo vuelve a evidenciar la fractura entre el Gobierno y la patronal en materia laboral, en un contexto marcado por el debate sobre los costes empresariales, la competitividad y el reparto de los beneficios del crecimiento económico.
Mientras tanto, el Ejecutivo insiste en que la política de incrementos del salario mínimo ha demostrado ser compatible con la creación de empleo y la mejora de las condiciones laborales, una tesis que sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en el diálogo social.