Un hombre acusado de matar a su pareja en la habitación de una pensión y luego ocultar su cadáver en una cueva será juzgado la próxima semana en la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife en un juicio con Jurado popular en el que la Fiscalía pide una pena de 25 años de cárcel.
El procesado cumple actualmente una condena de 17 años y medio por el asesinato en el mismo inmueble, la Pensión Padrón, en la capital tinerfeña, de un hombre cuyo cadáver escondió entre dos colchones hasta que la Policía lo halló ocho meses más tarde.
Según se recoge en el escrito de calificación de la Fiscalía, José Antonio L.A., “El Jala”, convenció a su pareja para que se fuera a vivir con él en dicho hostal tras salir ambos de la cárcel.
Él acababa de cumplir una pena de tres años por un delito de lesiones causadas precisamente a la víctima, quien le daba apoyo económico al cobrar dos pensiones contributivas. Tenía reconocida una minusvalía del 90 %.
Cuando ambos convivían en la pensión se produjo una discusión a raíz de que ella decidiera poner fin a la relación.
El acusado, según la tesis de la Fiscalía, “contrariado por la ruptura que pretendía -la mujer- y ante la perspectiva de verse privado del dinero de ésta”, reaccionó de forma “extremadamente violenta”.
Bien con la ayuda de un objeto contundente o con la fuerza de sus pies y manos, empleando en todo caso “una fuerza brutal”, la golpeó por todo el cuerpo, principalmente en el pecho, y le ocasionó múltiples traumatismos y le fracturó cuatro costillas y un hueso de una pierna.
Todo ello le provocó a la víctima un shock traumático que pudo determinar directamente su muerte.
Sin embargo, el acusado, “no satisfecho con todo ello”, agarró con sus manos por el cuello a la víctima o bien le hizo con sus brazos una llave y la estranguló hasta fracturarle el hueso hioides, provocándole la muerte.
El representante del Ministerio Público aprecia las agravantes de alevosía y ensañamiento, además de la de parentesco, pues supuestamente se aprovechó de la diferente fuerza física a su favor, así como de la minusvalía física que padecía la víctima, que tenía limitados sus movimientos y capacidad de deambulación, y le causó un dolor y sufrimiento innecesarios.
La reconstrucción de los hechos apunta a que mientras esperaba a que desapareciera el rigor mortis, el acusado limpió las manchas sangre de la víctima que había en la habitación pero le pasaron inadvertidas unas gotas de sangre en forma de proyección situadas encima del cabecero de la cama y que resultarían decisivas para la identificación del cadáver.
Además, José Antonio L.A. “pudo sacar una fotografía” del cadáver con la cámara de su teléfono móvil.
Luego, envolvió el cuerpo en unas sábanas y una manta, lo introdujo en dos macutos que le habían entregado a su salida de prisión y lo llevó hasta una cueva en el Barranco de Santos, donde le semienterró “en la confianza de que nunca fuera descubierto”.
Años después, la única hija de la fallecida, preocupada por la falta de noticias de su madre, denunció su desaparición a la Policía.
Siete años más tarde, los restos fueron hallados por unas personas que paseaban con sus perros por la zona.
El cruce del ADN de estos restos con la gota de sangre hallada en la habitación permitió la identificación de la víctima.