Sin duda alguna el matrimonio de conveniencia que componen Unidas Podemos y el PSOE en el Gobierno actual de España, está basado en la necesidad que uno tiene del otro. Según las fuentes consultadas a ambos lados del Ejecutivo, las dos partes admiten que la simbiosis funciona por cuanto que útil a cada bando: a Pedro Sánchez le da una base de estabilidad para su geometría variable -o «total», se dice ahora en Moncloa- y a Pablo Iglesias, la oportunidad de demostrar que no era sólo un agitador de masas, que puede cambiar cosas, aun en su momento de menor apoyo popular.
Pero eso puede romperse. Este periódico ha podido saber que desde las filas moradas ya se le ha hecho llegar al PSOE, en privado, el toque de atención de que no se puede contar con ellos para avalar políticas alejadas del acuerdo de coalición. Es decir, que si el presidente acerca los Presupuestos a las tesis de Ciudadanos para ganarse su acuerdo, los morados pueden «no votarlos». Y con ello se rompería el Gobierno.
En una de las citas privadas que mantienen semanalmente, al menos una vez, Sánchez e Iglesias, el presidente transmitió al vicepresidente que «el plan A para los Presupuestos es la mayoría de la investidura», pero que debía sondear «un plan B, dadas las circunstancias», que pasa por el partido de Inés Arrimadas.
ERC… y los empresarios
Y esas circunstancias no se basan sólo en la radicalización del alejamiento de Esquerra Republicana en el Congreso, que obliga a sustituir sus 13 votos por los 10 de los liberales. Sino en la devastación sufrida por la economía española y la frágil sostenibilidad del tejido productivo ahora que España se adentra en el pozo más profundo de la crisis económica que sigue a la emergencia sanitaria del coronavirus.
De ahí que tanto el presidente como su ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, insistan en que «no es momento de ideologías ni de vetos, sino de arrimar todos el hombro».
Los de Gabriel Rufián cada vez ponen más condiciones para sentarse a hablar sobre las cuentas públicas. No sólo exigen la mesa de negociación «con contenidos para solucionar el conflicto político en Cataluña», sino que ya reclama un «gesto» con los condenados del procés. Fuentes de Moncloa dan por hecho que ya es imposible contar con los republicanos, en el punto al que ha llegado su discurso.
Pero además los empresarios, que en estos meses han tenido que pactar medidas y planes en un diálogo social con las cartas algo marcadas, han convencido al presidente de que no es el momento de subir impuestos. Miguel Garrido es presidente de CEIM, la patronal madrileña: «La realidad se ha impuesto, esta crisis no es temporal, sino una situación dramática, desesperada… y el Gobierno se ha dado cuenta», explica en conversación con este periódico.
