Siete convocatorias, 69 millones y cero plazos abiertos: así están las ayudas en Canarias

Quien esté valorando comprarse un coche eléctrico en Canarias se encuentra ahora mismo con una situación difícil de explicar: hay dinero público comprometido para eso, y bastante, pero no hay ninguna ventanilla abierta para pedirlo. Según los datos que figuran en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, las convocatorias autonómicas de vehículo y movilidad registradas en el archipiélago entre 2024 y 2026 suman una dotación pública de 69.305.298 euros repartidos en siete convocatorias. Ninguna de ellas tiene plazo abierto en este momento.

Los organismos convocantes son la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad y la Consejería de Transición Ecológica y Energía. Conviene precisar qué significa esa cifra para no malinterpretarla: son 69,3 millones de presupuesto total publicado, no una cantidad que corresponda a cada solicitante. Lo que recibe cada beneficiario lo fijan las bases reguladoras de cada convocatoria concreta.

Qué puede pedir hoy quien quiera un eléctrico en Canarias

La respuesta corta es que ayudas directas a la compra, ninguna. El plan MOVES III, que fue durante años el principal instrumento, dejó de admitir nuevas solicitudes el 31 de diciembre de 2025. La aplicación autonómica permanece abierta únicamente para los trámites posteriores de quienes ya tienen una subvención concedida, es decir, para justificar y cobrar, no para pedir. Y el nuevo plan estatal de incentivos que debe sustituirlo está aprobado pero pendiente de convocatoria.

Lo que sí queda operativo son los incentivos fiscales, que no son subvenciones inmediatas sino beneficios que se aplican después en la declaración de la renta. Existe una deducción en el IRPF por la adquisición de vehículos electrificados. Y para quien quiera instalar un punto de recarga doméstico, que en 2026 no cuenta con subvención directa activa, se puede aplicar una deducción del 15% sobre el coste de la instalación con una base máxima de 4.000 euros, lo que se traduce en un ahorro de hasta 600 euros.

A eso se suma una ventaja estructural que solo existe aquí: en Canarias no se aplica IVA sino IGIC, generalmente del 7%, lo que reduce directamente el precio final del vehículo respecto a lo que costaría en la Península.

Lo que va a cambiar cuando se abra el nuevo plan

Merece la pena esperar informado, porque el diseño del programa estatal que viene corrige de raíz los dos problemas que arrastraban las convocatorias anteriores. El primero y más importante: la ayuda se aplicará directamente en el concesionario en Canarias. Se acabó adelantar el dinero y esperar meses, o más de un año, a que llegue la transferencia. El descuento se practica en el momento de la compra. El segundo cambio es fiscal: las ayudas quedarán exentas de tributación en el IRPF, a diferencia del MOVES III, donde había que declararlas.

Como referencia de cuantías, los importes máximos en Canarias que figuran en la línea dirigida a personas físicas que no realizan actividad económica, antes de aplicar los criterios de modulación, se sitúan en 4.500 euros por turismo, 5.000 por furgoneta, 1.100 por motocicleta y 1.500 por cuadriciclo. Son cifras orientativas y sujetas a las bases de cada convocatoria, de modo que conviene tomarlas como una horquilla y no como una promesa.

La recomendación práctica para quien viva en Canarias y esté en pleno proceso de decisión es doble. Por un lado, conviene comprobar el estado de las convocatorias en la sede electrónica del Gobierno de Canarias y en la propia Base de Datos Nacional de Subvenciones antes de dar por hecho nada, porque esos datos son dinámicos y pueden cambiar de una semana a otra. Por otro, quien no tenga prisa haría bien en esperar a que se publique la nueva convocatoria, precisamente porque el descuento en el concesionario cambia por completo el esfuerzo financiero que exige la operación.

Queda una lectura de fondo que va más allá del comprador particular. Canarias es un territorio insular con desplazamientos cortos, donde la autonomía de un eléctrico deja de ser el problema que sí supone en la Península, y con un régimen fiscal propio que ya abarata el vehículo. Sobre el papel, pocos lugares de España reúnen mejores condiciones para acelerar la transición. Que haya 69 millones convocados y ninguna ventanilla abierta a la vez es, exactamente, la definición de una oportunidad a medio aprovechar.