Fotografía. La directora general de Vivienda del Gobierno de Canarias, Pino de León, se dirige a los vecinos de Añaza. S. Méndez
Los vecinos de las 358 viviendas de Añaza que compró el 4 febrero la empresa pública de vivienda del Gobierno de Canarias (Visocan) al Banco Santander se quejaron ayer ante la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León (CC), por los aumentos de los alquileres tras la citada adquisición al Banco Santander.
En un ambiente muy caldeado, los inquilinos se mostraron contrariados por las malas condiciones de las zonas comunes, la falta de seguridad, el aumento en los recibos del agua o el largo periodo de tiempo que llevan padeciendo “falsas promesas”. Alguno de ellos recriminó a la directora general que fueran ayer al barrio porque “estamos en elecciones”.
Los vecinos, que estaban convocados a las 18.30 horas, se agolparon buscando respuestas ante la oficina habilitada por Visocan para gestionar las quejas de los inquilinos que hasta febrero pagaban sus alquileres al Banco Santander, anterior propietario. El tono se fue elevando cuando nadie de los allí presentes lograba aliviar su inseguridad ante el incremento en los recibos de un número significativo de ellos, aumento que, en teoría, tendrían que abonar hasta el año 2021. A pesar del revuelo, De León solicitó en varias ocasiones “tranquilidad”, ya que los aumentos se debían a “errores puntuales”, tirando mano de un micrófono con un altavoz improvisado.
Además de Pino de León, acudieron a esta reunión el gerente de Visocan, Víctor González, y el concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz, Óscar García (PP), que dejó claro que el Consistorio capitalino solo gestiona los informes de los trabajadores sociales para que así puedan tramitarse las distintas ayudas a los que estos vecinos, con pocos recursos económicos, puedan tener derecho.
DESDE 207 EUROS
El gerente de Visocan tomó la palabra en varias ocasiones para intentar bajar la tensión entre los asistentes. No obstante, algunos se preguntaron de dónde había sacado los datos sobre los alquileres que se pagan en estas viviendas, de “207 a 470 euros”, momento en el que se escuchó “¿quién paga eso aquí?”. En cuanto al incremento de los recibos, Víctor González aseguró que “cuando comenzaron a llegar las primeras llamadas de que había subido el alquiler, se descubrió que esos vecinos tenían una bonificación que ya estaba vencida”. Al ser increpado, matizó que “no subimos la cuota, sino que la ayuda no estaba en vigor”. Los afectados consiguieron que el gerente de la empresa pública les instara a que ese incremento “no lo paguen, porque esos serán los casos que tendrán que entrar a través del convenio con el Ayuntamiento” capitalino.
Sin embargo, la situación se complica para muchos de los allí presentes, porque no han podido acceder hasta ahora a ayudas sociales, ya que los expedientes no se habían terminado hasta ayer, según confirmó el gerente de Visocan.
Por MOISÉS GRILLO.
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