El viceconsejero de la Presidencia en Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha informado esta tarde del cambio de nivel de alerta por la COVID-19 en Tenerife y Gran Canaria, que pasan al nivel 3, y en La Palma, que entrará en el 2. Estas medidas entrarán en vigor a las 00.00 de este sábado. Así, a continuación detallamos qué supone este cambio de nivel para las Islas en nivel 3 (Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura)
- Debido a este cambio, en Tenerife y Gran Canaria, más Fuerteventura, las reuniones quedan fijadas en grupos máximos de seis personas.
- Se estipula el cierre de locales a las 02.00 horas y los aforos se reducen al 50% en exteriores y 33% en interiores, salvo en hostelería, donde alcanzan el 75% y 40% respectivamente.
- Se aconseja el aplazamiento de eventos multitudinarios o se realizarán, si obtienen autorización, con un máximo de 1.000 personas y el transporte público se mantiene al 100% de capacidad porque se considera que no es un lugar de primer orden para los contagios. No obstante, desde el Gobierno de Canarias se recuerda que se deberá garantizar una adecuada ventilación y renovación del aire de los vehículos, así como el resto de las medidas generales para la prevención y control de la transmisión del coronavirus y las específicas establecidas para el transporte público terrestre de viajeros. También se recomienda aumentar la frecuencia de horarios al máximo posible para garantizar una ocupación lo más baja posible.
Olivera ha asegurado además que aunque la situación en Gran Canaria también es preocupante, la de Tenerife lo es aún más ya que los mil casos de hoy en Tenerife “ponen blanco sobre negro la gravedad” de los datos COVID, con unas cifras “que nunca se habían dado en la Isla”. Además, ha precisado que “ya ayer veníamos de un dato de casi 800, también muy elevado”.
Entre los motivos que pueden haber hecho crecer los contagios en Canarias, Olivera ha apuntado el incremento de la movilidad durante el puente de principios de diciembre, la relajación de la población con respecto a las medidas de prevención debido a un agotamiento por la duración de la pandemia y la mayor transmisibilidad de la variante ómicron.
Asimismo, el Gobierno de Canarias ha solicitado el aval judicial para que exigir el certificado COVID en determinados negocios o actividades deje de ser voluntario para el empresario y pase a ser obligatorio.
