Los cinco acusados de asesinar a golpes a Juan Carlos T.A. en marzo de 2015 en Lanzarote en colaboración con la sexta imputada que figura en la causa se enfrentan a una condena de hasta 27 años de prisión, según la Fiscalía y la acusación particular, si bien sus defensas niegan los hechos que se les imputan y piden su absolución.
La fiscal y la acusación particular, ejercida por la familia y la pareja del fallecido, han señalado al Tribunal Jurado, que decidirá sobre la culpabilidad o no de los imputados, que están convencidas de que los procesados son los autores de la muerte “terrorífica” de Juan Carlos T.A., como tratarán de demostrar con la prueba que presentarán a lo largo del juicio, iniciado este lunes en la Audiencia de Las Palmas.
La fiscal atribuye a los acusados José Carlos C.H., Néstor David P.P., Angelo D.D., Juan Antonio D.R., Antonio Enrique G.G. y Tania R.R. un delito de asesinato con ensañamiento, si bien a la mujer la considera cómplice.
Por ello, la fiscal solicita una condena de 25 años para los cinco acusados y 14 años de cárcel para Tania R.R. por su colaboración, mientras que la acusación particular, ejercida por África Zabala, pide también dos años de prisión al atribuirles, además, un delito de detención ilegal.
Las dos acusaciones comparten los hechos enjuiciados que, según han explicado, comenzaron en febrero de 2015, cuando los acusados comenzaron a viajar de forma intermitente a Lanzarote para obtener información de la víctima, a la que instalaron un dispositivo en su vehículo para tenerla localizada en todo momento.
Según la fiscal, se trata de una banda que actúa con “extrema violencia con sus víctimas”.
A José Carlos T.A., la noche del 12 de marzo de 2015, lo interceptaron en el garaje de su casa, le ataron de pies y manos, le propinaron diversos golpes por todo el cuerpo y lo metieron en el asiento trasero de su vehículo, en el que le trasladaron hasta una cueva situada en la escombrera de Montaña Mina de Arrecife, sostiene el Ministerio Público.
Según las acusaciones, los acusados previamente habían acondicionado la cueva, donde fue hallado el cuerpo de la víctima, que sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, fracturas múltiples y afectación vascular intracraneal, que, después de un periodo agónico prolongado, le causaron la muerte entre los días 13 y 15 de marzo.
La acusación particular ha hecho hincapié en que se trató de un plan organizado entre los acusados, quienes alquilaron una vivienda en la isla y vehículos, disponían de una estructura y, además, buscaron a un experto informático, a través de la acusada Tania R.R., para activar el dispositivo que pusieron en el vehículo de la víctima, a la que tuvieron en todo momento localizada.
Zabala ha señalado que pese a que los acusados trataron de ocultar el cadáver, el cuerpo fue hallado el 21 de marzo de 2015 y ha advertido al Jurado de que va a escuchar un relato “terrorífico y durísimo” sobre lo ocurrido, y que espera que al final pueda concluir en un veredicto “justo”, de culpabilidad.
La fiscal ha recalcado que la investigación ha sido larga, tras la aparición del cadáver en la cueva y que testigos, policías y peritos presentarán estos días la prueba recabada, mientras que los acusados intervendrán en último lugar.
Los cuatro abogados de la defensa han negado que sus clientes sean los autores de la muerte de Juan Carlos T.A.
El abogado Alexis Fonte, que representa a tres de los imputados, ha apuntado que su muerte se debió a un ajuste de cuentas, una tesis que se investigó al inicio del proceso pero que después se desechó. En declaraciones a los periodistas, ha dicho que la víctima era un conocido traficante de droga y que días antes de su muerte le habían intervenido un alijo de 171 kilos de cocaína.
Fonte ha indicado al Jurado que ha impugnado documentos que figuran en la instrucción “donde constan datos objetivamente inciertos” y ha sostenido que la investigación judicial “no ha sido seria ni objetiva”, por lo que ha mostrado su convencimiento de que el Jurado concluirá que no son los autores de la muerte de Juan Carlos T.A.
El abogado Rafael Jiménez, que defiende a Tania R.R., ha indicado al Jurado que su clienta en los momentos previos a los hechos era pareja de uno de los acusados y que este le dio un GPS para que lo arreglara porque quería seguir a su mujer, por lo que contactó con un informático.
“Si el GPS no hubiera estado roto su defendida no hubiera participado en nada. No sabía para qué era”, ha afirmado Jiménez.
El juicio continuará este martes con las declaraciones de los testigos de la causa.
