El Gobierno cree que «una concatenación no deseada de pequeños errores, en un momento especialmente difícil y complicado», llevó a que el 17 de noviembre de 2020 más de 200 inmigrantes fueran trasladados del muelle de Arguineguín a la Plaza de La Feria de Las Palmas de Gran Canaria.
Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ministerio del Interior en la investigación promovida para esclarecer este desalojo de inmigrantes del campamento habilitado en el citado muelle del suroeste de Gran Canaria, un traslado al que siguieron horas de incertidumbre para esas personas, a las que sorprendió la noche en una plaza donde permanecieron horas sin saber dónde iban a guarecerse ni qué sería de ellas, un tiempo en el que, sin embargo, recibieron ayuda humanitaria de decenas de ciudadanos que se solidarizaron con su situación.
Así lo ha asegurado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria al senador canario Fernando Clavijo, quien había preguntado por el resultado de esa investigación de Interior y por las medidas que an anunció que se tomarían en el caso de que hubiera habido descoordinación.
«Tras realizar todas las gestiones pertinentes, recabar todos los datos y realizar las ponderaciones necesarias, se ha llegado a la conclusión de que no se puede individualizar una responsabilidad única en una sola persona o grupo reducido de personas que merezca como reproche una acción disciplinaria o administrativa», ha concluido al respecto el Ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska.
El pasado 17 de noviembre, entre 200 y 250 inmigrantes marroquíes que permanecían en el muelle de Arguineguín fueron conducidos por la Policía fuera del campamento humanitario que gestionaba allí la Cruz Roja y posteriormente trasladados en guaguas dispuestas por el Ayuntamiento de Mogán a Las Palmas de Gran Canaria.
El concejal de Seguridad de Mogán, Mencey Navarro, explicó entonces a Efe que, tras conocer que estas personas habían sido puestas en la calle sin ningún tipo de recurso, el Consistorio decidió facilitarles un transporte a la capital», en concreto a la Plaza de la Feria, en cuyas proximidades se encuentran la Delegación del Gobierno y el Consulado de Marruecos.
El desalojo de estas personas se produjo cuando en el campamento de Arguineguín se hacinaban más de 2.000 personas en muy malas condiciones, tal y como denunciaron organizaciones como Human Right Watch, el propio Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Mogán o el juez que supervisa el Centro de Internamiento para Extranjeros de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, presente en el muelle en el momento en que estas personas abandonaban las instalaciones, denunció que la Delegación del Gobierno en Canarias no le había dado una explicación sobre quién había tomado esa decisión y por qué y subrayó que había sido ella quien había informado de lo que pasaba al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Ese día, fuentes del Ministerio del Interior informaron de que las personas que habían «abandonado» el muelle de Arguineguín no habían sido derivadas, como es habitual, al sistema de acogida como solución puntual ante la alta ocupación de esas instalaciones portuarias y aseguraron que se que realizarían los trámites para reubicarlos en el mismo.
Además de asegurar que se investigarían los hechos, desde el Ministerio del Interior recordaron que la legislación española no permite retener a los inmigrantes irregulares que no sean derivados a un centro de internamiento de extranjeros más allá de 72 horas, plazo en el que se les toma la filiación y, en el contexto actual de pandemia, se les hacen las pruebas de covid.
Solo en el caso de que se dictara sobre ellos una cuarentena o una restricción de movilidad por razones sanitarias se les podría impedir abandonar el campamento de Arguineguín tras las 72 horas, añadieron entonces.
