María, su marido y sus tres hijos en paro se enfrentan en La Laguna a una situación límite, sin dinero para comer y la amenaza del desahucio; su única esperanza es conseguir un empleo y una vivienda pública.

Cada caso es un mundo, pero cada uno de esos mundos se parecen demasiado entre sí. Desempleo, ingresos ínfimos o inexistentes, pérdida de la vivienda y unas ayudas sociales que no llegan lo suficientemente rápido ni con la cuantía necesaria para revertir la caída libre de miles de familias en Canarias.

El mundo de María (nombre ficticio) acabó de desmoronarse en 2016. A sus 56 años vio cómo su familia se quedaba sin la pensión que cobraba por una enfermedad que no la deja trabajar. “Cambiaron los baremos y me la quitaron”, cuenta a DIARIO DE AVISOS. Ella sigue enferma y sin poder trabajar. Ahora tiene 58 años. “La estoy volviendo a tramitar. Ya he entregado un certificado médico y me piden otro”, relata sentada a la mesa de la que aún es su cocina. Su marido, de 52, es ahora el único que tiene algún ingreso, poco más de 300 euros, pero “el mes que viene se le acaba la prestación que le dieron por trabajar en uno de los convenios de trabajo social”. Eso significa que María, su marido y sus tres hijos, de 29, 20 y 17 años, se quedan sin ningún tipo de ingresos en el ámbito familiar.

En ese 2016 María no solo se quedó sin pensión, también perdió la propiedad de la vivienda familiar. “Con mi pensión pagábamos la hipoteca que habíamos pedido para arreglar la casa que levantamos nosotros mismos. Dejamos de pagar y el banco nos desahució”, cuenta esta mujer que asegura que no quiere ni acordarse de ese día porque “fue el peor de mi vida”.

Las cosas empezaron a torcerse unos años antes. Ella se quedó sin empleo y enfermó. Él, ferrallista, fue uno de los miles de trabajadores de la construcción que se quedaron sin nada de la noche a la mañana. Lo que podía haber terminado con la familia en la calle y con una situación aun mucho peor de la que viven ahora, pudo evitarse gracias a que se cruzó en la vida de María el proyecto de Cáritas Base 25, que cuenta con el apoyo del Cabildo de Tenerife y con el que el año pasado un millar de personas pudieron estabilizar su vida en torno a una vivienda.

Carmen Pérez es técnico de acompañamiento de este programa que medió para que el banco ofreciera a María y su familia un alquiler social de 140 euros y que pudieran quedarse en la que hasta entonces era su casa, un dinero que el programa Base 25 subvenciona. “Con poco más de 300 euros tienen que decidir entre comer o pagar las facturas”, explica la técnico. Desde Cáritas intentan que las familias no tengan que tomar esa decisión.

El caso de María, como explica Carmen, ha llegado a un punto de bloqueo. Las ayudas no llegan, se quedan sin ingresos, han solicitado una vivienda, han hecho todo lo que tenían que hacer, pero, lamentablemente, no es suficiente. “Ellos tienen acompañamiento de los servicios sociales, de Base 25 y se han elevado informes y mantenido reuniones con la Corporación local y con el Instituto Canario de la Vivienda, y estamos a la espera de una respuesta de este último organismo”, detalla Pérez. Y es que ahora mismo la única posibilidad de mejora de esta familia es acceder a una vivienda pública. “Entendemos que una familia que se va a quedar sin ingresos, con cinco miembros, que no puede asumir un alquiler y cuya situación no va a mejorar en el corto o medio plazo no tiene otra opción que la de una vivienda pública”, detallan desde Cáritas.

“Cada día cuando me levanto mi principal preocupación es tener una casa y que a mi marido le salga un empleo. Con 52 años ya lo ven mayor y no le dan trabajo”, cuanta María. “Es ferrallista, pero sabe hacer de todo un poco”, detalla María con la esperanza de que eso ayude a su marido a encontrar un empleo.

Alguien puede llegar a pensar que hay algo que esta familia no debe haber hecho bien, que si la pensión no llega o tampoco lo hacen las ayudas sociales es porque no están tan mal, pero, como explica la técnico de Cáritas, ojalá fuera tan sencillo encontrar un único motivo que explique la vulnerabilidad de la situación en la que se encuentran familias como las de María. “De hecho -explica Pérez-, ellos han hecho todos los trámites, se les ha asesorado y acompañado en todo momento. Pero por no cumplir con determinados requisitos, que entendemos que se soliciten, hasta en dos ocasiones se les han denegado prestaciones mínimas”.

Cuando se le pregunta un ejemplo del motivo de esa denegación detalla que, por ejemplo, el que su hijo mayor estuviera dado de alta un día en la Seguridad Social hizo que le denegaran una prestación. “Tenemos que entender que hablamos de familias en las que la vulnerabilidad es alta y disponer de una prestación más larga les da un respiro”, explica Carmen Pérez, que insiste en que “todo lo que ha estado en sus manos lo han hecho. Todas las acciones a las que han podido acceder se han hecho”.

Cuando se le pregunta a María cómo se las arregla con 326 euros, la respuesta es la esperada: “Como podemos”. “Cáritas me ayuda con la comida cuando tienen. Tengo tres hijos a cargo, ninguno trabaja. El mayor lo hace cuando le sale algo y el resto del tiempo vamos escapando”.

Precisamente, el objetivo de Base 25 es que ese “como podemos” sea algo menos agobiante. “Nuestro proyecto trabaja para que las familias tengan una vivienda digna y adecuada. Estamos acompañando a un montón de ellas que tienen una situación de vulnerabilidad con la vivienda, sobre todo con las que tienen procesos de desahucio con fecha de lanzamiento judicial. Lo que hacemos es apoyar a las familias con la ayuda al pago de alquileres y con procesos integrales en coordinación con los servicios sociales para que se generen alternativas de ingresos económicos y de vivienda”, explica Carmen Pérez.

Ese es el caso de María. “Cuando las alternativas económicas tardan por parte de la administración pública, actuamos nosotros con carácter subsidiario. Cuando las partidas presupuestarias públicas llegan, nosotros seguimos acompañándolas desde otras partes de la intervención, como la orientación en el empleo”. Base 25, explica la técnico de Cáritas, pretende dar una respuesta y una cobertura a las familias de manera integral, con la finalidad de que vuelvan a asumir el pago de sus alquileres de forma autónoma.

“Muchas veces sucede que con una pensión no contributiva de poco más de 300 euros no es viable que consigan una vivienda, porque o comen o pagan el alquiler”, apostilla la técnico que acompaña a la familia de María. Desde Cáritas explican que en el proyecto se encuentran con situaciones muy complicadas. “Las cuantías de las prestaciones son las que son, por eso hay coordinación con los servicios sociales para que las familias puedan acceder a convenios laborales municipales, que luego le dan acceso a subsidios. Hay familias que pueden acceder al ámbito laboral, otras que por cuestiones de salud no pueden. Cada caso es un mundo y se le acompaña en función de sus necesidades, y se le intenta dar respuesta en coordinación con las administraciones públicas”.

Un acceso al mercado del alquiler casi imposible
Cáritas y las familias tienen el mismo problema con el mercado de la vivienda. “Con una prestación básica o un sueldo de 600 euros es absolutamente inviable, como está el mercado de alquiler, conseguir una casa”, explica Carmen Pérez. “Ya no es solo pagar el alquiler, sino acceder a un piso desde la inmobiliaria para dar legalidad al contrato, porque últimamente se están dando muchas estafas”, añade. “Las familias tienen que hacer frente a peticiones de avalistas, de nóminas, dos y tres meses de fianza, el mes en curso… Unos requisitos que un gran porcentaje de las familias que acompañamos no pueden cumplir”. Esta situación es la que hace que, cuando el camino se bloquea, como el de María, la vivienda pública sea la única salida. Esperan que el Instituto Canario de la Vivienda, al que ya han elevado un informe, responda.

Fotografía de Fran Pallero / Escrito por Natalia Torres