Un grupo de técnicos de la Comisión Europea se ha desplazado esta semana a las islas para indagar sobre la existencia o no de consenso sobre el arancel AIEM, la barrera que defiende al selecto grupo de empresas industriales que pide protección ante productos de competencia internacional.
La visita de los técnicos de la UE se está realizando entre discretas medidas de control de interlocución. Así, sindicatos como USO, que ha pedido explicaciones sobre el impacto social de esta medida proteccionista, no ha sido consultado. USO ha pedido a Bruselas que se detalle cómo beneficia a los trabajadores el AIEM a la vista de congelaciones salariales en el sector lácteo desde 2010. Además de USO, en Canarias Vox ha pedido la eliminación de este tributo. Los importadores tampoco lo quieren y grupos exportadores europeos de alimentación y sector tabaquero están presionando para su eliminación.
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Precisamente, del sector alimentación con el AIEM ha existido cambios. Por ejemplo, lo que antes era Iltesa, fundada por el empresario Francisco Oramas Tolosa, es propiedad de Schreiber Foods, de la familia Bush, y proveedor preferencial de Mercadona. En 2017 lo que ahora se llama Schreiber Canarias registra ingresos de 30 millones de euros cuando en 2014 era de 24 millones de euros. Ya no hay canarios en Iltesa. Ahora sus directivos son François Salamon, Héctor Cantero, Frederick Ransom.
La visita de los técnicos de la UE se produce al tiempo que el Gobierno de Canarias no sabe qué hacer con el arancel dado el discurso que tiene Podemos en favor de la compra prioritaria de productos canarios pero sin protecciones arancelarias que castiguen la compra de las familias menos pudientes. El encaje de bolillos es traumático en Hacienda porque no saben explicar cómo se puede dar una renta básica universal al tiempo que se mantiene un impuesto sobre la comida para proteger a empresas locales que, a su vez, son vendidas al extranjero.
Antes de ir a elecciones, el Consejo de Gobierno de Canarias acordó en marzo iniciar los trámites para solicitar la renovación del AIEM a partir del 1 de enero de 2021. Así, se solicitó al Gobierno central que comunicase formalmente a la Dirección General de Fiscalidad y Aduanas de la Comisión Europea la intención de las autoridades españolas de proceder a dicha renovación. El AIEM incluye una serie de exenciones y reducciones a favor de la producción local, cuyo plazo de vigencia expira el 31 de diciembre de 2020. La renovación de este arbitrio podrá acogerse a la prórroga de dos años acordada por la Unión Europea para las actuales directivas de ayudas de Estado, que permanecerán en vigor hasta el año 2022.
