El\u00a0Gobierno de Canarias<\/strong>\u00a0ha vuelto a ganar la raz\u00f3n en el prolongado conflicto que manten\u00eda con la\u00a0Asociaci\u00f3n de Consignatarios y Estibadores de Buques (Asocelpa)<\/strong>\u00a0desde el 2022 (aunque este era una continuaci\u00f3n de otro presentado en 2013) referente al acceso a puestos reservados en la\u00a0Autoridad Portuaria de Las Palmas<\/strong>\u00a0para representantes del sector empresarial. Estos asientos est\u00e1n destinados a\u00a0\u00a0organizaciones empresariales y sectores econ\u00f3micos relevantes del \u00e1mbito portuario.<\/p> La secci\u00f3n primera de la sala de lo Contencioso-Administrativo del\u00a0Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC)<\/strong>\u00a0ha desestimado el recurso contencioso administrativo que Asocelpa interpuso en 2023 contra el\u00a0Gobierno de Canarias<\/strong>, la\u00a0Confederaci\u00f3n Canaria de Empresarios (CCE)<\/strong><\/a>\u00a0y\u00a0Puertos del Estado<\/strong>, solicitando la anulaci\u00f3n del acuerdo del Gobierno de Canarias de 14 de Julio de 2022 , en el que se sustitu\u00eda a Agust\u00edn Manrique de Lara como vocal en el Consejo de Administraci\u00f3n de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en representaci\u00f3n de las organizaciones empresariales relevantes en el \u00e1mbito portuario por Pedro Ortega, en la misma representaci\u00f3n.<\/p> En este sentido, el TSJC ha declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo interpuesto por Asocelpa alegando que\u00a0carece de legitimaci\u00f3n activa<\/strong> para impugnar el nombramiento del representante de la CCE en el consejo de Consejo de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, dado que no es una organizaci\u00f3n empresarial relevante y por ende no tendr\u00eda opci\u00f3n nunca a ocupar ese puesto.<\/p>