{"id":87890,"date":"2026-04-30T19:58:36","date_gmt":"2026-04-30T18:58:36","guid":{"rendered":"https:\/\/diariodeavisos.elespanol.com\/canariasenred\/?p=87890"},"modified":"2026-04-30T19:58:36","modified_gmt":"2026-04-30T18:58:36","slug":"el-supremo-atribuye-a-la-confederacion-hidrografica-la-revision-de-oficio-de-acuerdos-de-comunidades-de-regantes-cuando-ejercen-funciones-publicas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diariodeavisos.elespanol.com\/canariasenred\/el-supremo-atribuye-a-la-confederacion-hidrografica-la-revision-de-oficio-de-acuerdos-de-comunidades-de-regantes-cuando-ejercen-funciones-publicas\/","title":{"rendered":"EL SUPREMO ATRIBUYE A LA CONFEDERACI\u00d3N HIDROGR\u00c1FICA LA REVISI\u00d3N DE OFICIO DE ACUERDOS DE COMUNIDADES DE REGANTES CUANDO EJERCEN FUNCIONES P\u00daBLICAS"},"content":{"rendered":"<p>La Sala de lo Contencioso\u2011Administrativo del Tribunal Supremo (Secci\u00f3n Tercera) ha fijado doctrina sobre qui\u00e9n debe tramitar y resolver las solicitudes de revisi\u00f3n de oficio de acuerdos adoptados por las juntas generales de las comunidades de regantes.<\/p><div id=\"cer-345399948\" class=\"cer-contenido cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><div id=\"item_ATF_center_afterp1\"><\/div><\/div>\n<p>En su sentencia n\u00fam. 342\/2026, de 19 de marzo de 2026 (ROJ: STS 1388\/2026), el Alto Tribunal concluye que, cuando esos acuerdos se refieren al ejercicio de potestades o funciones p\u00fablicas, la competencia corresponde al organismo de cuenca (en el caso enjuiciado, la Confederaci\u00f3n Hidrogr\u00e1fica del J\u00facar, CHJ) como Administraci\u00f3n de tutela.<\/p><div id=\"cer-3530112016\" class=\"cer-contenido_2 cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><script data-wid=\"auto\" type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/content.viralize.tv\/display\/?zid=AAFGLR9aV0reSCLT&schain=1.0,1!ikreate.es,20230100,1,,,\"><\/script><\/div>\n<h2>El origen del conflicto: una inadmisi\u00f3n por \u201cfalta de competencia\u201d.<\/h2>\n<p>El caso parte de una resoluci\u00f3n del Presidente de la CHJ de 2 de junio de 2020, que inadmiti\u00f3 por falta de competencia una solicitud de revisi\u00f3n de oficio promovida por un particular frente a acuerdos adoptados por la Junta General de la Comunidad de Regantes de Montroy (Valencia), en sesi\u00f3n celebrada el 2 de mayo de 2018. Estos acuerdos, seg\u00fan se recoge en la sentencia, se refer\u00edan a cuestiones internas como la aprobaci\u00f3n del acta, daci\u00f3n de cuentas, la aprobaci\u00f3n de \u201cderrames\u201d para sufragar costes de modernizaci\u00f3n del riego, y la solicitud y tramitaci\u00f3n de ayudas o subvenciones.<\/p><div id=\"cer-1793241833\" class=\"cer-parrafo-3 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 42px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><!-- Desktop -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1185\"><\/div>\r\n<!-- Mobile -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-2561\"><\/div><\/div>\n<p>Frente a esa inadmisi\u00f3n, el interesado acudi\u00f3 al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) interponiendo recurso contencioso-administrativo, que fue estimado y orden\u00f3 retrotraer actuaciones para que la CHJ tramitara el procedimiento de revisi\u00f3n. Contra esta decisi\u00f3n, la Abogac\u00eda del Estado interpuso recurso de casaci\u00f3n ante el Tribunal Supremo.<\/p>\n<p><strong>La pregunta clave del Supremo fue \u00bfqui\u00e9n revisa de oficio y qu\u00e9 importa que haya funci\u00f3n p\u00fablica?<\/strong><\/p>\n<p><strong>El auto de admisi\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n identific\u00f3 dos cuestiones de inter\u00e9s casacional: (i) determinar la competencia para conocer de la revisi\u00f3n de oficio respecto de actos de las comunidades de regantes y (ii) precisar la trascendencia de que el acto cuestionado implique, o no, el ejercicio de funciones p\u00fablicas atribuidas a estas corporaciones. La sentencia responde a ambas cuestiones, tomando como punto de partida el marco legal y la naturaleza jur\u00eddica de las comunidades de usuarios<\/strong>.<\/p><div id=\"cer-503939909\" class=\"cer-parrafo-6 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 42px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><!-- Desktop -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-2560\"><\/div>\r\n<!-- Mobile -->\r\n<div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1186\"><\/div><\/div>\n<h2>El marco normativo: Ley 39\/2015 y Ley de Aguas.<\/h2>\n<p>El Tribunal analiza, entre otras normas, el art. 106 de la Ley 39\/2015 (revisi\u00f3n de oficio de actos nulos), el art. 111 de la misma ley (competencia para la revisi\u00f3n de oficio en el \u00e1mbito estatal) y los arts. 82, 83 y 84 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA) sobre naturaleza, facultades y \u00f3rganos de las comunidades de usuarios. En particular, el art. 82 TRLA define a estas comunidades como corporaciones de derecho p\u00fablico adscritas al organismo de cuenca, que \u201cvelar\u00e1 por el cumplimiento\u201d de sus estatutos u ordenanzas y por el \u201cbuen orden del aprovechamiento\u201d.<\/p><div id=\"cer-917492841\" class=\"cer-contenido-3 cer-entity-placement\" style=\"margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><script>(function(d,s,n){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];js=d.createElement(s);js.className=n;js.src=\"\/\/player.ex.co\/player\/80da6adf-177e-4ffe-9e60-9d2535571cce\";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,\"script\",\"exco-player\"));<\/script><div id=\"80da6adf-177e-4ffe-9e60-9d2535571cce\"><\/div><\/div>\n<p>La naturaleza \u201cmixta\u201d de las comunidades de regantes y la tutela del organismo de cuenca<\/p>\n<p><strong>La sentencia insiste en una idea vertebral: las comunidades de regantes tienen una naturaleza h\u00edbrida. Son corporaciones de base asociativa privada, pero el ordenamiento les atribuye potestades p\u00fablicas sometidas al Derecho Administrativo en materias vinculadas a la gesti\u00f3n del dominio p\u00fablico hidr\u00e1ulico. En esa l\u00ednea, el Tribunal recuerda doctrina constitucional (STC 227\/1988) y pronunciamientos propios que describen su r\u00e9gimen: potestad organizativa y normativa (ordenanzas\/estatutos), ejecutividad de acuerdos, ejecuci\u00f3n sustitutoria, apremio para el cobro de deudas, potestad sancionadora y capacidad para dirimir controversias de hecho entre usuarios, entre otras<\/strong>.<\/p>\n<p>A partir de esa configuraci\u00f3n, el Supremo destaca la funci\u00f3n de tutela y control del organismo de cuenca, que incluye la aprobaci\u00f3n de ordenanzas y reglamentos y la posibilidad de impugnaci\u00f3n en alzada de acuerdos de la junta general o junta de gobierno \u201cen el \u00e1mbito de sus competencias\u201d (art. 84.5 TRLA).<\/p><div id=\"cer-1585044537\" class=\"cer-contenido-4 cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 32px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><div id=\"item_ATF_center_afterp10\"><\/div><\/div>\n<h2>La tesis del estado y la respuesta del tribunal.<\/h2>\n<p>La Abogac\u00eda del Estado defend\u00eda que la revisi\u00f3n de oficio de los acuerdos \u201cadministrativos\u201d de la comunidad de regantes deb\u00eda corresponder a la propia comunidad, alegando, entre otros argumentos, que las comunidades de regantes no son Administraciones p\u00fablicas ni \u201corganismos p\u00fablicos\u201d o \u201centidades de derecho p\u00fablico\u201d vinculadas o dependientes de la Administraci\u00f3n General del Estado a efectos del art. 111 de la Ley 39\/2015. Tambi\u00e9n sosten\u00eda que, en todo caso, la revisi\u00f3n interna proceder\u00eda cuando no se actuara en ejercicio de funciones p\u00fablicas.<\/p>\n<p><strong>El Supremo<\/strong> no comparte esa lectura. <strong>Considera que la sentencia del TSJCV es coherente con los arts. 106 y 111.c) de la Ley 39\/2015 y con el art. 82 TRLA, y subraya que la delimitaci\u00f3n competencial debe hacerse atendiendo a si el acuerdo se inserta en el ejercicio de funciones p\u00fablicas propias de estas corporaciones. Adem\u00e1s, sostiene que, a efectos de la aplicaci\u00f3n del art. 111.c), las comunidades de regantes pueden entenderse encuadrables en el concepto de \u201corganismos p\u00fablicos vinculados o dependientes\u201d en la medida en que est\u00e1n adscritas a la Confederaci\u00f3n y sometidas a su tutela en materias p\u00fablicas, aunque \u201cformalmente\u201d no integren estrictamente el sector p\u00fablico institucional<\/strong> seg\u00fan la Ley 39\/2015 y la Ley 40\/2015.<\/p>\n<p><strong>La \u201claguna\u201d procedimental y la soluci\u00f3n: revisi\u00f3n de oficio por el organismo de cuenca.<\/strong><\/p>\n<p>Un argumento relevante de la sentencia es de t\u00e9cnica jur\u00eddica: <strong>la Ley de Aguas no contiene una previsi\u00f3n expresa sobre el procedimiento de revisi\u00f3n de oficio de los actos de las comunidades de regantes, pero remite de forma constante a la normativa procedimental general. Ante esa ausencia, el Tribunal afirma que procede \u201ccubrir la laguna normativa\u201d y, por \u201cl\u00f3gica procedimental\u201d, atribuir al organismo de cuenca, que ya conoce de los <\/strong><a href=\"https:\/\/administrativando.es\/recurso-de-alzada\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>recursos de alzada<\/strong><\/a><strong> contra esos actos cuando se dictan en ejercicio de potestades p\u00fablicas, tambi\u00e9n la competencia para resolver las solicitudes de revisi\u00f3n de oficio contra acuerdos de las juntas generales cuando versen sobre esas materias p\u00fablicas<\/strong>.<\/p>\n<h2>Doctrina fijada: competencia del organismo de cuenca cuando hay potestad o funci\u00f3n p\u00fablica.<\/h2>\n<p>La Sala fija doctrina de manera expresa: el art. 111.c) de la Ley 39\/2015 debe interpretarse, en relaci\u00f3n con los arts. 82, 83 y 84 TRLA, en el sentido de que el organismo de cuenca, como Administraci\u00f3n de tutela a la que est\u00e1n adscritas las comunidades de regantes, es competente para tramitar y resolver la revisi\u00f3n de oficio de los acuerdos nulos o anulables adoptados por sus juntas generales cuando se refieran al ejercicio de potestades o funciones p\u00fablicas.<\/p>\n<p>Con esa doctrina, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casaci\u00f3n de la Abogac\u00eda del Estado, confirma la sentencia del TSJCV que orden\u00f3 tramitar la revisi\u00f3n por la CHJ y acuerda no imponer costas en casaci\u00f3n (art. 93.4 LJCA).<\/p>\n<h2>\u00bfNecesita asesoramiento especializado en Derecho Administrativo y Derecho de Aguas?<\/h2>\n<p>Toda vez que en materia de aguas existe una profusa legislaci\u00f3n, resulta necesario contar con profesionales que tengan un profundo conocimiento y dominio de esta disciplina jur\u00eddica, adem\u00e1s de saber c\u00f3mo correlacionar esta vertiente con las otras adheridas a la rama del Derecho Administrativo, ya que, de lo contrario, resultar\u00e1 sumamente complicado alcanzar los resultados que usted pretende.<\/p>\n<p><strong>Con sede en Tenerife<\/strong> en <a href=\"https:\/\/www.google.com\/maps\/place\/Administrativando+Abogados+en+Tenerife\/@28.4681864,-16.5532014,11z\/data=!4m10!1m2!2m1!1sabogado+administrativo+Tenerife!3m6!1s0xc41cb762aa83b79:0x1f78ddff768557de!8m2!3d28.4681864!4d-16.2483308!15sCh9hYm9nYWRvIGFkbWluaXN0cmF0aXZvIFRlbmVyaWZlWiEiH2Fib2dhZG8gYWRtaW5pc3RyYXRpdm8gdGVuZXJpZmWSARdhZG1pbmlzdHJhdGl2ZV9hdHRvcm5leZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkxZV2xwTjBSS09UYzNMVTFCRUFF4AEA-gEFCJ0BECg!16s%2Fg%2F11md363ph5?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI2MDhttps:\/\/www.google.com\/maps\/place\/Administrativando+Abogados+en+Tenerife\/@28.4681864,-16.5532014,11z\/data=!4m10!1m2!2m1!1sabogado+administrativo+Tenerife!3m6!1s0xc41cb762aa83b79:0x1f78ddff768557de!8m2!3d28.4681864!4d-16.2483308!15sCh9hYm9nYWRvIGFkbWluaXN0cmF0aXZvIFRlbmVyaWZlWiEiH2Fib2dhZG8gYWRtaW5pc3RyYXRpdm8gdGVuZXJpZmWSARdhZG1pbmlzdHJhdGl2ZV9hdHRvcm5leZoBI0NoWkRTVWhOTUc5blMwVkxZV2xwTjBSS09UYzNMVTFCRUFF4AEA-gEFCJ0BECg!16s%2Fg%2F11md363ph5?entry=ttu&amp;g_ep=EgoyMDI2MDQyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3DQyNy4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><strong>Administrativando Abogados<\/strong><\/a>, boutique jur\u00eddica especializada en Derecho Administrativo y Contencioso-Administrativo, ponemos nuestra experiencia al servicio de quienes buscan seguridad jur\u00eddica, rigor t\u00e9cnico y una defensa estrat\u00e9gica en un entorno normativo cada vez m\u00e1s exigente.<br \/>\n<strong>Contacte con nuestro equipo y analice con nosotros c\u00f3mo esta y otras resoluciones pueden afectar a su actividad.<\/strong><\/p>\n<div id=\"cer-2821997447\" class=\"cer-despues-del-contenido cer-entity-placement\" style=\"margin-top: 22px;margin-bottom: 22px;\" role=\"region\" aria-label=\"Publicidad\"><div class=\"addoor-widget\" id=\"addoor-widget-1184\"><\/div><\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Sala de lo Contencioso\u2011Administrativo del Tribunal Supremo (Secci\u00f3n Tercera) ha fijado doctrina sobre qui\u00e9n debe tramitar y resolver las solicitudes de revisi\u00f3n de oficio de acuerdos adoptados por las juntas generales de las comunidades de regantes. 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