El PP pide una ley para echar a los okupas en 24 horas y enviarlos a la cárcel

El PP tiene previsto registrar esta semana en el Congreso de los Diputados una proposición de Ley Orgánica para facilitar el desalojo de los okupas en 24 horas e imponerles penas de hasta cinco años de cárcel.

El portavoz adjunto del PP en el Congreso de los Diputados, Jaime de Olano, ha señalado este martes que, según la Plataforma de Afectados, más de 120.000 familias y pequeños propietarios se encuentran desprotegidos por la ley actual, al verse despojados de su primera o segunda residencia por okupas. Un fenómeno que a menudo va acompañado de distintos tipos de delincuencia común o tráfico de drogas.

Ante este problema, indica el portavoz popular, «el Gobierno de Pedro Sánchez no hecho absolutamente nada. El PSOE anterior a Sánchez defendía la propiedad privada, pero en estos momentos ha virado a postulados de la izquierda más radical«.

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La proposición de Ley elaborada por el PP pide recuperar el delito de usurpación de inmuebles, con penas de entre tres y cinco años de cárcel. Estas penas se verían agravadas cuando la okupación haya sido realizada por redes de carácter «mafioso».

El PP también quiere facilitar con esta Ley que el desalojo de los okupas pueda llevarse a cabo de forma inmediata, cuando se constate un «delito flagrante», y en todo caso en un plazo máximo de 24 horas.

Por otro lado, la propuesta del PP busca impedir que quienes hayan ocupado ilegalmente un inmueble puedan empadronarse y acceder a cualquier tipo de beneficios otorgados por las Administraciones públicas.

Por último, también otorga a las comunidades de propietarios -que a menudo son las primeras en advertir la okupación de un inmueble- la condición necesaria para iniciar el proceso de denuncia.

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Por otro lado, el Grupo Parlamentario Popular ha solicitado este martes al Gobierno que le facilite todos los informes jurídicos e informes de impacto económico que avalan el Real Decreto 14/2022, por el que el Ejecutivo ha impuesto restricciones al consumo energético.

Jaime de Olano ha lamentado en rueda de prensa que los comercios españoles serán, a partir del miércoles, «los únicos de Europa que tendrán que apagar sus escaparates a las 10 de la noche«, debido al decreto que el Gobierno ha elaborado de espaldas al resto de Administraciones y sin dialogar con los sectores económicos afectados.

Pedro Sánchez exige a las comunidades autónomas cumplir este decreto alegando que «en España se cumple la ley», ha recordado de Olano, tan sólo unas semanas después de que el PSOE pactara con Junts y ERC para incumplir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que garantizaba el 25% de enseñanza en castellano.

Jaime de Olano ha garantizado que las comunidades autónomas gobernadas por el PP acatarán el decreto, pero ha añadido que están legitimadas a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional, como ha anunciado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, si consideran que invade sus competencias.

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El PP reclama que el presidente Pedro Sánchez suspenda sus vacaciones en La Mareta, retire el decreto ley (que ahora debe ser convalidado en las Cortes en el plazo de un mes) y consensúe un nuevo texto con las Administraciones y los sectores económicos afectados.

El objetivo del nuevo decreto, recalcan los populares, debe ser abaratar la factura de la electricidad y del resto de productos energéticos, cuya escalada se ha contagiado a toda la economía y ha disparado la inflación hasta el 10,8% en el mes de julio.

«Pedro Sánchez es posiblemente el presidente más insolidario con los problemas de los españoles, que pagamos el carburante más caro que nunca y una subida de precios desbocada, que hace cada vez más difícil llegar a fin de mes», ha afirmado Jaime de Olano.

Mientas se dispara el número de familias españolas en riesgo de pobreza, añade el portavoz popular, «Sánchez seguramente sea el español que más contamina, se pasa todo el día subido al helicóptero Super-Puma o al Falcon. El único sacrificio que ha hecho es quitarse la corbata».