El área de Asuntos Sociales del Cabildo palmero ha apostado por combatir las cifras de pobreza en la Isla apoyando la ejecución de programas de inclusión social en estrecha colaboración con los 14 ayuntamientos. Esa decisión, que ahora se concreta en la convocatoria de un concurso público, se adoptó tras evidenciarse en un estudio encargado por la propia institución, que solo en el año 2015 unas 1.590 personas de la Isla dependían de ayudas de emergencia social para poder cubrir sus necesidades básicas.
Un 26% de estas personas, según acreditó el mismo estudio, no cuentan con ingresos de ningún tipo, mientras que el 44% tienen ingresos insuficientes que provienen de rendimientos de trabajo o subsidios o prestaciones por desempleo. Teniendo en cuenta que las situaciones de pobreza y exclusión social se viven en familia, se elevan a más de 4.300 las personas en la Isla que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad social. Los datos desvelan que alrededor del 47% de personas beneficiarias de ayudas de emergencia conviven con menores a su cargo.
El proyecto aprobado por el Cabildo y cuyos fondos se distribuirán hasta diciembre de este año en una primera fase de este programa piloto y en el marco de un concurso en régimen de concurrencia competitiva, persigue “una sociedad más cohesionada” gracias a la aplicación de “políticas estratégicas y medidas sociales que detengan y prevean situaciones de exclusión social”. Aquellos ayuntamientos palmeros que presenten proyectos dirigidos a mejorar la situación de personas y familias con dificultades sociales y laborales, obtendrán mayor cobertura en el reparto de los fondos, que según fuentes de la Consejería de Asuntos Sociales, se incrementarán el próximo año.
Los programas que los ayuntamientos palmeros quieran ejecutar con estos fondos, deberán estar enfocados a lograr que las familias beneficiarias logren con su participación oportunidad y recursos necesiaros para participar en la vida económica, social y política. Los técnicos en materia de asuntos sociales que han elaborado las bases de este concurso del Cabildo insisten en el texto en que los ayuntamientos beneficiarios deberán habilitar mecanismos para promover la igualdad de oportunidades, prestando especial atención a lo que denominan como “complejidad de las múltiples desventajas y a las situaciones específicas de los grupos vulnerables”.
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