Es «cierto y seguro» que, de haberse impedido la manifestación del 8-M en Madrid, «se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad». Así lo afirma el médico forense adscrito al Juzgado de Instrucción número 51 de la capital en un informe solicitado por la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.
La instructora investiga desde el pasado marzo al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación que habría consistido en no prohibir la multitudinaria manifestación del Día de la Mujer pese a que desde finales de enero se había declarado una Emergencia de Salud Pública por el Covid-19 y desde el 2 de marzo los organismos internacionales recomendaban el distanciamiento social como medida básica para evitar la propagación del coronavirus.
La investigación judicial, abierta tras la denuncia de un particular, también se refería inicialmente a un supuesto delito de lesiones ocasionadas por imprudencia. Pero este cargo quedó descartado a la vista del informe del forense, que sostiene que no hay manera de saber si las personas que asistieron a la manifestación del 8-M y han sufrido la enfermedad se contagiaron precisamente en esa concentración.
El informe, fechado el pasado 19 de abril, responde a la petición de la jueza instructora para que el médico forense adscrito a su Juzgado informara sobre si las manifestaciones que tuvieron lugar en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 «fueron susceptibles de causar un riesgo evidente para la vida e integridad física de las personas».
Rodríguez-Medel solicitó al forense que, en caso de responder afirmativamente a esa cuestión, especificase si la existencia de ese riesgo era científicamente notoria con carácter previo a las manifestaciones celebradas o cuándo lo fue.
También preguntaba «si hay datos que evidencien que tal daño en la vida o integridad de las personas se materializó. Por ejemplo desde un punto de vista de probabilidad estadística, a la vista del índice de personalidades relevantes que acudieron a alguna de dichas manifestaciones y que han resultado contagiadas por el virus Covid-19». La jueza se refería en concreto a la manifestación del 8-M y a la asistencia a ella de miembros del Gobierno como Carmen Calvo, Carolina Darias o Irene Montero, así como la esposa del presidente Pedro Sánchez, que luego sufrieron la enfermedad.
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