El laberinto de los 400 propietarios: cómo Tenerife busca cobrar 3 millones por derribar el mamotreto de Añaza
El Ayuntamiento necesita notificar a más de 400 dueños, la mayoría extranjeros, para completar la expropiación y ejecutar la demolición del edificio abandonado hace 50 años en Tenerife.
Hay un obstáculo que explica por qué el edificio abandonado más conocido de Tenerife sigue en pie medio siglo después, y no es el dinero. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene ya los tres millones de euros necesarios para demoler el mamotreto de Añaza. Lo que no tiene es la lista completa de a quién notificárselo.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha reconocido que el derribo de este edificio de 22 plantas abandonado en el litoral es «una asignatura pendiente que hay que culminar cuanto antes». Y ha recordado el matiz jurídico que lo condiciona todo: pese a su estado, la infraestructura sigue siendo una propiedad privada. Por eso la Gerencia de Urbanismo trabaja con los consulados para localizar a los más de 400 dueños, la mayoría extranjeros, a quienes hay que notificar el expediente de expropiación como paso legal indispensable en Tenerife.
El trámite que bloquea la demolición del mamotreto de Añaza en Tenerife
Bermúdez lo expuso sin rodeos. «El dinero para derribarlo lo tenemos, 3 millones de euros, pero aún falta un procedimiento administrativo clave para su demolición, que es la notificación a todos los propietarios, para así poder registrar la propiedad a nombre del Ayuntamiento», afirmó. Y añadió una precisión que conviene retener: la intención municipal es pasar después la factura a esos propietarios, porque se trata de invertir dinero público en demoler un edificio privado que sus dueños tendrían que haber derribado.
La dimensión del rastreo explica los plazos. Según el proyecto técnico de la expropiación, la propiedad del inmueble está dividida en 900 participaciones repartidas entre centenares de titulares, de los cuales una abrumadora mayoría son de nacionalidad alemana y una parte significativa suiza. Esa dispersión, sumada al medio siglo transcurrido desde la operación original, hace extremadamente difícil la identificación y la notificación uno por uno.
La Gerencia de Urbanismo en Tenerife aprobó en enero la incoación y aprobación inicial del expediente de expropiación forzosa en el barrio de Añaza en Santa Cruz, un paso que responde al incumplimiento de la función social de la propiedad de un inmueble en construcción sin título habilitante, ubicado en la calle Mayantigo del barrio de Acorán, en el distrito Suroeste de la capital de Tenerife. En febrero, el trámite se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia con la declaración de urgencia de la ocupación, un mecanismo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa que permite acortar los plazos ordinarios.
Esa figura invierte el orden habitual del procedimiento en Tenerife. En una expropiación ordinaria, la administración no puede ocupar el bien hasta que el justiprecio esté cerrado y pagado o consignado. Con la urgencia declarada, primero se levantan las actas previas y de ocupación y se materializa la toma de posesión, y el debate sobre la cuantía puede continuar después ante el Jurado Provincial de Expropiación o en los tribunales.
El Ayuntamiento de Tenerife justifica la vía de urgencia en razones de interés público vinculadas a la seguridad y al incumplimiento de la función social de la propiedad. Es el argumento que permite acelerar un expediente que lleva años atascado en Tenerife por la simple imposibilidad de encontrar a los dueños.
Las obras de urgencia que blindan el edificio hasta octubre en Tenerife
Mientras el trámite avanza, el Consistorio ha optado por actuar sobre el terreno. La estructura fue vallada en su perímetro exterior pese a no ser propiedad municipal, pero ese cerramiento ha sido vandalizado en numerosas ocasiones y no ha logrado disuadir del riesgo de acceder al interior. La semana pasada comenzaron obras de urgencia para blindar el edificio.
El alcalde detalló en qué consisten: «Estamos ejecutando las obras para eliminar las rampas que conectan las plantas 0 y 4, la retirada del acopio de tierra que permite acceder por la planta sexta y reforzar los cerramientos exteriores». La inversión supera los 112.000 euros y el plazo previsto llega hasta octubre.
Bermúdez fue prudente sobre el alcance de esas medidas. Confía en que al finalizar las actuaciones se logre evitar el acceso de más personas al interior, aunque admitió que nunca hay garantía absoluta y que eso solo ocurrirá con la demolición. Es, en la práctica, una solución puente.
El historial del edificio explica la urgencia. El esqueleto de hormigón se concibió en 1973 para albergar un hotel, pero las obras se frenaron al año siguiente tras la quiebra de la empresa alemana que lo impulsaba. Desde su abandono, la estructura se ha cobrado cinco vidas, la última en diciembre, cuando falleció una menor de edad al precipitarse al vacío desde una de las plantas. Aquel suceso desencadenó protestas vecinales en Añaza exigiendo el derribo y aceleró la tramitación municipal.
El objetivo declarado por el Ayuntamiento es que el edificio desaparezca del paisaje del suroeste de la capital, un expediente cuya tramitación se ha prolongado durante años precisamente por los intentos de localizar a los propietarios para que fuesen ellos quienes asumieran la demolición. Ninguno de esos intentos prosperó, y por eso el coste lo adelanta ahora el dinero público, con la intención de reclamarlo después a quienes dejaron abandonado en la costa de Tenerife uno de los símbolos urbanísticos más incómodos de la isla.
