Un tribunal, una declaración y un informe pericial sobre la mesa. El juez escucha con atención el relato del testigo, la fiscalía ordena su exposición y la defensa prepara su turno. De pronto, la entrada de un documento técnico cambia el tono de la sala: análisis médicos, informes psicológicos, cronologías verificadas al milímetro. No se trata de un relato, sino de datos. Y, en ese instante, la justicia se enfrenta a un dilema que incomoda: ¿Cuánta ciencia puede soportar sin quebrar sus propias dinámicas?
El abogado penalista y perito Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos conoce bien esa tensión. Su perfil multidisciplinar —jurista, perito médico forense, psicólogo y criminólogo— le ha situado en una posición poco frecuente: la de quien no solo maneja el lenguaje procesal, sino que también entiende los informes científicos que llegan a un sumario. Para él, el reto no es convencer con más vehemencia, sino traducir la ciencia a un lenguaje que los tribunales puedan valorar.
Entre el dato y el relato
La justicia penal española funciona, en buena medida, a través de narrativas. Los testimonios de víctimas y testigos, las reconstrucciones policiales y los informes de las acusaciones conforman una historia que el juez o el jurado debe valorar. Pero la ciencia, fría y objetiva, suele interrumpir esas narrativas. Una resonancia que no concuerda con la versión oficial, un dictamen psicológico que contradice una declaración, un análisis digital que demuestra que una grabación no es tan concluyente como parecía.
“El problema no es la falta de pruebas, sino cómo se interpretan”, suele recordar Cuadrado en foros especializados. Y ahí está el corazón de la pregunta: ¿hasta qué punto la justicia, construida sobre relatos y valoraciones, puede digerir un lenguaje que no entiende de matices emocionales sino de porcentajes, intervalos de confianza y grados de certeza?
En sus intervenciones, Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos no se limita a presentar un informe técnico. Lo discute, lo explica y lo defiende frente a las preguntas de jueces y fiscales. Lo hace desde un lugar incómodo: el de quien desmonta relatos con datos, aunque esos relatos provengan de declaraciones que han calado en la opinión pública. Su insistencia en que cada dictamen especifique fuentes, procedimientos y límites no es una manía técnica, sino una forma de asegurar que lo que se decide en sala tiene base sólida y verificable.
Canarias como espejo de un fenómeno nacional
En los últimos meses, Canarias se ha convertido en un escenario privilegiado para este tipo de debates. La ubicación estratégica del archipiélago lo sitúa en el centro de operaciones policiales vinculadas al narcotráfico internacional. Allí, los tribunales se enfrentan con frecuencia a macroprocesos en los que la prisión provisional se aplica de forma casi automática.
Es en ese contexto donde la figura de Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos ha empezado a destacar. Su defensa de medidas cautelares proporcionales, su capacidad para analizar informes complejos y su insistencia en que la prisión preventiva no se convierta en un automatismo lo han convertido en un abogado solicitado en el archipiélago. Canarias se convierte así en un espejo de lo que ocurre en toda España: la necesidad de revisar hasta qué punto los tribunales están preparados para valorar la ciencia con la misma naturalidad con la que valoran un testimonio.
La pregunta no es solo técnica, también política y social. La justicia mediática —alimentada por titulares rápidos y juicios paralelos en redes sociales— tiende a preferir los relatos sencillos a los informes técnicos. En ese escenario, el trabajo de peritos y abogados que introducen ciencia en los procesos es doblemente difícil: no solo deben convencer al tribunal, sino también enfrentarse a una opinión pública que ya ha tomado partido. Para él, esa práctica no solo daña la imagen de un profesional, sino que condiciona a la propia justicia, porque genera un clima de presión que dificulta valorar con serenidad los datos objetivos.
¿Cuánta ciencia soporta la justicia?
La cuestión sigue abierta. Cada vez que un tribunal dicta un auto de prisión provisional sin valorar alternativas, cada vez que un informe pericial queda relegado frente a un testimonio dudoso, la pregunta regresa con fuerza. Y cada vez que un abogado logra que se escuche la voz de la ciencia en sala, también.
Carlos Cuadrado Gómez-Serranillos encarna esa tensión de manera visible. Su nombre aparece tanto en expedientes judiciales como en foros académicos, y su figura provoca debate: para unos, un jurista que aporta rigor y datos; para otros, un profesional incómodo que obliga a revisar prácticas habituales.
Lo cierto es que, en un país donde la confianza en la justicia atraviesa momentos de incertidumbre, su insistencia en hablar de probabilidades, de límites y de márgenes de error parece más un ejercicio de responsabilidad que de cautela. Porque la verdadera pregunta no es si la justicia puede soportar la ciencia, sino si puede permitirse ignorarla.