El Caso lovas 18 saca a relucir una supuesta red de explotación sexual en la isla de Gran Canaria sobre mujeres vulnerables y menores de edad. La causa implica a una agencia de modelos que se dedicaba a captar jóvenes, algunas podrían ser menores de edad y residentes de centros de acogida. El juez acusa a este empresario y a cinco hombres más de mantener relaciones con nada menos que doce chicas menores de edad prostituidas por la agencia de modelos.
El titular del Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, el Juez Passaro, declara en su más reciente auto de procesamiento por este caso que los hechos son repulsivos. Son seis los hombres imputados de delitos de prostitución a menores, agresión sexual y trato degradante, utilizando a doce menores para fiestas sexuales en yates y mansiones que mantenían ocultas con la apariencia de ser fiestas organizadas por lovas18, una supuesta agencia de modelos.
Inicio del caso Lovas 18
Habría que remontarse a los años 2015 y 2016 para entender cómo se habría ido desarrollando esta trama de prostitución. Todo comenzó cuando salió a la luz el embarazo de una de las menores.
A partir de ese momento se comenzaría a tirar del hilo hasta llegar a la agencia de azafatas, de gogos y animadoras que se utilizaban como escorts, la conocida 18 Lovas. Entre la información recogida se relata la fiesta en la casa de campo del prestigioso empresario canario, junto a unos magnates que decidieron contratar los servicios de la agencia.
Los autos de los procesamientos del mencionado juez de instrucción señalan como procesados a Antonio D’Ascenzo, a Domingo Hernández Tarajano, a Eugenio Hernández De León, a Emilio Cabrera Caballero y a Agustín Alemán Barreto, alias Yino y cabecilla de la trama.
Consecuencias de la causa Lovas 18
Después de que el caso haya ido pasando de un tribunal a otro, reuniendo un buen número de declaraciones de las víctimas y sobre los supuestos delitos, se ha registrado un buen número de inconsistencias en los testimonios a lo largo del proceso, situación que ha complicado notablemente la finalidad de determinar la verdad de las declaraciones.
Se destaca, por tanto, la necesidad de optimizar la coordinación entre las diferentes agencias destinadas a realizar labores de protección a los jóvenes en situación de riesgo. Ya sea por los centros de acogida o por las autoridades judiciales, la coordinación no permite en estos momentos detectar ni detener estas situaciones de desamparo para tratar de que no vuelvan a repetirse.
De este modo, se plantea la necesidad urgente de prevenir la explotación sexual garantizando la protección, así como el el apoyo y la asistencia a las víctimas, permitiendo que puedan reconstruir sus vidas y superar el abuso.
En cualquier caso, este proceso judicial está lejos de finalizar. Los 6 imputados se enfrentan a múltiples cargos, mientras que la población canaria desea que se haga justicia y se esclarezca, de una vez por todas, un caso que ha dejado en shock a todos los habitantes de la isla.