Un hombre acusado de torturar hasta causarle la muerte a su madre, a la que tenía completamente sometida, ha admitido los hechos, de los que dice estar «arrepentido», y ha alegado: «no era yo, no me di cuenta de lo que hacía», a causa de su adicción a las drogas.
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acoge desde este lunes el juicio con jurado popular contra Germán O.B., para quien la Fiscalía pide 27 años de cárcel y el Instituto Canario de Igualdad, que ejerce la acusación popular, la pena de prisión permanente revisable.
«No era yo. No me di cuenta de lo que hacía, siempre estaba con la droga. Me declaro culpable. No pude controlarme», ha proclamado Germán O.B.
Su abogada pide la libre absolución de su cliente o, alternativamente, que se tenga en cuenta como atenuante muy cualificada su adicción a las drogas, que «no justifica» en todo caso lo que sucedió, ha aclarado.
La letrada ha definido al acusado con «un monstruo de la droga», cuya «terrible adicción» le llevó a «acabar con su madre», porque su afán por consumir «iba por encima de lo demás. No veía más allá de satisfacer su necesidad de consumo», ha aseverado.
También ha apuntado que Germán O.B. es consumidor habitual de drogas desde los quince años y que sus tres hermanos fallecieron y su padre se suicidó, lo que hizo que su vida sea «un auténtico desastre» y no tuviera más ilusión que «consumir» estupefacientes.
El fiscal ha recalcado por su parte que el acusado golpeó de forma reiterada a su madre durante varios días, lo que «un cuerpo tan pequeño» -la mujer medía poco más de un metro y medio y pesaba 45 kilos- «no pudo aguantar», aparte del maltrato psicológico a la que la sometió, algo «espantoso».
«La golpeo y la golpeo. Hay agonía y me da igual. Hubo desprecio al sufrimiento que le estaba causando», ha argumentado el fiscal dirigiéndose al jurado popular para recalcar que hubo ensañamiento por parte del acusado, por lo que cabe hablar de asesinato, además del agravante de parentesco.
A este agravante le añade el Instituto Canario de Igualdad el de género, pues el procesado colocó a su madre a un nivel de «tal subordinación e inferioridad que por no cumplir sus deseos la terminó matando».
«Cada golpe que propinó a su madre fue un mensaje de dominación intrínseca», ha agregado la representante de la acusación popular.
Según el escrito de calificación del caso, el acusado convivía en el domicilio familiar, situado en Los Llanos de Aridane, con su progenitora, a la que a partir de 2013 sometió a una continua agresión física y psicológica, golpeaba, chillaba y le impedía relacionarse con familiares y otras personas, pues controlaba sus salidas.
Además, le arrebataba el dinero, unos 1.200 euros, que cobraba mensualmente a través de dos pensiones, una de viudedad y otra de incapacidad, según han concretado varios testigos en el juicio.
Ello a pesar de que la mujer se guardaba el dinero bajo la ropa interior, incluso cuando dormía, según relató su hermana y tía del acusado.
Esa situación dio lugar a que la mujer presentase denuncias que luego retiraba y llegó a marcharse a vivir con un nieto al que crió como un hijo ante la situación que vivía, pero volvió al domicilio familiar en octubre de 2018.
Entonces se reanudó la misma situación conflictiva con su hijo, que degeneró a principios del año siguiente hasta que, en las fechas inmediatamente anteriores al 21 de febrero, el acusado sometió a su madre «a una continua y constante agresión, golpeándole en todo el cuerpo, negándole el alimento, causándole hematomas en la cabeza, cara, flanco torácico derecho y extremidades y causándole eritemas en la boca al apretársela fuertemente».
Además le puso un cordón o cinta en el cuello que apretó para asfixiarla, le golpeó en el tórax con gran violencia ocasionando hematomas y fractura de costillas, lo que produjo un cuadro de policontusiones con traumatismo torácico cerrado y comprensión del cuello que produjo finalmente su muerte por insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico en la madrugada del 21 de febrero.
Según ha apuntado la acusación popular, la víctima sufrió una gran «agonía» y no bebió ni consumió ningún alimento desde dos días previos a su fallecimiento.
La hermana y el nieto de la víctima, además de la exmujer y el hijo del acusado han apuntado que a pesar de las dos pensiones que aquella cobraba apenas tenía para comer porque Germán se lo gastaba todo en drogas.
Han referido que el acusado insultaba constantemente a su madre y amenazaba con quemarla o matarla, aunque ninguno fue testigo de maltratos físicos, si bien la notaron muy desmejorada en las semanas previas a su muerte, en las que no tuvieron acceso a ella.
Su hermana sí pudo verla pero asomada a la ventana y notó que tenía la cara y las manos de «un color feo, morado», como si estuviese mal nutrida. «No era ella», ha rematado.
También apreció un deterioro físico la médico de cabecera de la víctima, quien de repente dejó de visitarla pese a ser una enferma crónica, pues padecía EPOC además de problemas que mermaban su movilidad.
Esta doctora ha relatado que una vez el acusado acompañó a la madre y le pidió que le recetara opiáceos y morfina, y al no conseguirlo, le dijo que él tenía un cáncer de pulmón para ver si conseguía algún medicamento, sin éxito.
Varios vecinos han contado cómo dejaron de ver a la víctima semanas antes de su muerte y también que eran constantes las discusiones entre madre e hijo, a veces por cuestiones nimias como que la mujer le pidiera un vaso de agua.
En la noche de autos, los vecinos escucharon golpes como si estuvieran arrastrando muebles y uno de ellos oyó «un quejido de mujer».
Germán O.B. le pidió diez céntimos para hacer una llamada telefónica a un vecino con el que se cruzó y éste le prestó su móvil.
La llamada fue para su expareja, a la que, según ha contado ésta en el juicio, le dijo que «la vieja» no despertaba y que estaba «tiesa».