Un grupo de trabajo Estado–Canarias revisa la Ley 2/2025 para armonizar competencias y reforzar la protección de menores ante casinos
El Gobierno de España y el Ejecutivo de Canarias han iniciado un proceso de coordinación legislativa para revisar el alcance de la Ley 2/2025, que introduce medidas urgentes destinadas a mejorar la estabilidad en el empleo público y reforzar la protección de los menores frente a los riesgos asociados al juego y casinos.
El acuerdo, alcanzado entre el Ministerio de Política Territorial y el Gobierno de Canarias, establece una comisión bilateral de cooperación encargada de resolver las diferencias jurídicas detectadas entre las normas de casino estatal y autonómica. El grupo de trabajo está liderado por Ángel Víctor Torres Pérez, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, y Manuel Domínguez González, vicepresidente del Ejecutivo canario. Su misión será proponer soluciones conjuntas que garanticen coherencia regulatoria y un marco unificado de protección.
Aunque el texto legislativo aborda principalmente cuestiones laborales dentro del sector público, sus disposiciones sobre el juego han generado especial atención, ya que coinciden con los esfuerzos del Gobierno central por limitar la exposición de los jóvenes a las actividades de apuestas. En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha reiterado su preocupación ante la normalización del juego entre menores, alertando sobre la influencia de las redes sociales y las plataformas de streaming en la difusión de contenidos que confunden ocio con promoción de apuestas.
Regulación internacional: el ejemplo brasileño en casinos
El debate regulatorio en España y Canarias se desarrolla en paralelo a la experiencia de Brasil, donde el mercado de apuestas e iGaming fue legalizado recientemente. Un estudio realizado por un casino revela un perfil demográfico de jugadores dominado por adultos jóvenes: el 42,1% de los apostadores tiene entre 25 y 40 años. Estos datos muestran una base de usuarios mayoritariamente adulta y con mayor capacidad para adoptar prácticas de juego responsable.
La información disponible también indica que las clases medias y medias altas concentran cerca del 47% de los jugadores en plataformas legalizadas, lo que sugiere un marco regulatorio que facilita el seguimiento y la implementación de medidas de responsabilidad. Este modelo ha permitido a las autoridades brasileñas recopilar estadísticas precisas sobre hábitos, edad y comportamiento, un aprendizaje que España busca replicar mediante un sistema de control preventivo y educativo.
Según fuentes del Ministerio de Política Territorial, uno de los principales objetivos del grupo de trabajo será armonizar las competencias autonómicas y estatales en materia de prevención del juego de casino problemático, reforzando los mecanismos de control en entornos digitales y espacios públicos. Entre las propuestas en análisis figura la creación de campañas educativas conjuntas, además de la revisión de los protocolos de verificación de edad en plataformas en línea.
El debate sobre la regulación se intensificó tras conocerse un aumento del 20% en la actividad de juego en España tras la reintroducción de bonificaciones de bienvenida en operadores autorizados. Expertos en salud pública advierten de que este tipo de incentivos puede incrementar la exposición de los menores a comportamientos de riesgo, motivo por el cual el Ejecutivo central busca endurecer las condiciones de publicidad y promoción. En Brasil, los bonos de bienvenida también fueron prohibidos como una forma de incentivar el juego responsable y la competencia saludable entre los casinos, permitiendo que cada operador gestione sus propias promociones y experiencias de manera diferenciada.
Por su parte, el Gobierno de Canarias ha mostrado disposición a alinear sus políticas con las directrices estatales, manteniendo el equilibrio entre la protección ciudadana y la seguridad jurídica de las empresas del sector. “La prioridad es evitar que los menores tengan cualquier tipo de acceso o incentivo hacia el juego, garantizando entornos seguros y regulados”, explicó una fuente del Ejecutivo canario.