La Ley de Segunda Oportunidad avanza en 2026: el Supremo consolida garantías para el deudor de buena fe y eleva el nivel jurídico del sector

Las seis sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, emitidas el 18 de febrero de 2026, han supuesto una referencia clave para la práctica concursal en España y han incrementado la exigencia profesional en los expedientes de segunda oportunidad. Lexitia encara este marco con una tasa de éxito del 96 % en sus procedimientos más recientes y una Garantía de Éxito contractual que contempla la devolución de honorarios, una medida todavía poco extendida entre los despachos especializados.

Madrid, junio de 2026. El ejercicio 2026 marca una etapa de consolidación para la Ley de Segunda Oportunidad para autónomos y particulares en España. La reforma estructural aprobada por la Ley 16/2022 ya había simplificado el acceso al sistema al suprimir el acuerdo extrajudicial previo, reducir tiempos e incorporar el régimen al Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC, Real Decreto Legislativo 1/2020). Sin embargo, ha sido la doctrina judicial de este año la que ha terminado de perfilar cómo debe aplicarse este mecanismo en los juzgados.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado los criterios de proporcionalidad en materia de exoneración de deuda pública, conforme a la Directiva (UE) 2019/1023. Esa interpretación europea, especialmente vinculada a la sentencia del TJUE de 7 de noviembre de 2024 en los asuntos acumulados Corván, C-289/23, y Bacigán, C-305/23, ha tenido desarrollo en España mediante el bloque de resoluciones dictado por el Tribunal Supremo el 18 de febrero de 2026, con efectos directos sobre la práctica forense.

El Tribunal Supremo consolida doctrina: las sentencias de febrero de 2026

Las sentencias n.º 259 a 264/2026, fechadas el 18 de febrero y dictadas por la Sala Primera, han fijado un cuerpo doctrinal homogéneo y aplicable desde ahora en todo el territorio nacional. Su análisis conjunto permite identificar varias consecuencias prácticas:

Comprobación de la buena fe por parte del juzgado: el órgano judicial debe examinar de oficio si el solicitante reúne el requisito de buena fe necesario para obtener la Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incluso cuando los acreedores no lo aleguen. Esta obligación refuerza la importancia de presentar un expediente completo, bien documentado y jurídicamente argumentado desde el inicio, conforme al artículo 487 y siguientes del TRLC.

Derivación de responsabilidad tributaria: la existencia de un acto administrativo de derivación de responsabilidad fiscal no implica por sí misma la exclusión del EPI. Para impedir la exoneración, esa derivación debe proceder de una conducta fraudulenta debidamente acreditada, en aplicación del principio de proporcionalidad.

Crédito público: límite separado por Administración y accesorios subordinados: respecto al crédito principal de Derecho público, la exoneración alcanza la totalidad de los primeros 5.000 € y el 50 % hasta un máximo de 10.000 €, conforme al art. 489.1.5.º TRLC. Este límite se aplica individualmente por cada Administración acreedora, no solo respecto a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, sino también frente a administraciones autonómicas y locales. Además, el Tribunal Supremo aclara que los créditos públicos subordinados, como intereses de demora, recargos y sanciones, pueden quedar exonerados por completo, sin quedar sometidos a ese límite cuantitativo.

Valoración preceptiva de la exoneración parcial: cuando no sea posible conceder una exoneración total, el órgano judicial debe estudiar obligatoriamente la viabilidad de una exoneración parcial mediante un plan de pagos proporcional a la capacidad económica del deudor, conforme a los artículos 490 y siguientes del TRLC.

Control reforzado de los supuestos de exclusión: las condenas penales firmes por delitos contra la Hacienda Pública o la Seguridad Social, dentro de los plazos previstos en el TRLC, funcionan como causa de exclusión. Por eso, antes de presentar cualquier solicitud resulta imprescindible analizar la viabilidad del caso y revisar el historial del solicitante.

Esta jurisprudencia acerca la práctica judicial española a los criterios de la Directiva (UE) 2019/1023 y confirma una idea cada vez más clara en el sector: en un procedimiento de segunda oportunidad, la diferencia entre obtener una resolución favorable o recibir un rechazo judicial depende en gran medida de la calidad técnica del expediente.

Qué permite realmente la Ley de Segunda Oportunidad

La Exoneración del Pasivo Insatisfecho (EPI), incorporada al ordenamiento español mediante la Ley 25/2015 y reformada en profundidad e integrada en el TRLC a través de la Ley 16/2022, permite que personas físicas, tanto particulares como autónomos, puedan cancelar total o parcialmente sus deudas cuando se encuentran en situación de insolvencia. En la práctica, este mecanismo permite:

Cancelar préstamos personales, tarjetas de crédito, microcréditos y deudas contraídas con entidades financieras.

Suspender las ejecuciones individuales que estén en marcha durante la tramitación del concurso, conforme a los efectos previstos en el TRLC para la insolvencia de la persona natural.

Exonerar determinadas deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, dentro de los límites y requisitos del TRLC precisados por el Tribunal Supremo, incluidos íntegramente los intereses y costes accesorios de carácter subordinado.

Comenzar una nueva etapa con seguridad jurídica y sin soportar una carga económica imposible de asumir.

Lexitia: especialización y resultados en 2026

En un escenario en el que la doctrina reciente del Tribunal Supremo exige expedientes más completos y técnicamente mejor construidos, Lexitia, despacho especializado en la Ley de Segunda Oportunidad, se sitúa en el segmento de mayor exigencia para particulares y autónomos que necesitan acogerse a este mecanismo. En sus últimos 150 procedimientos tramitados, Lexitia registra una tasa de éxito del 96 %, según los datos internos de seguimiento del despacho.

Cuatro factores explican estos resultados:

Especialización exclusiva en Derecho Concursal y Segunda Oportunidad: el equipo centra todos sus recursos en esta materia y no reparte su actividad entre otras áreas jurídicas, lo que permite una dedicación plena a la práctica concursal.

Análisis de viabilidad previo riguroso: conforme a la doctrina actual del Tribunal Supremo, Lexitia estudia cada asunto antes de iniciarlo. Ese examen permite detectar causas de exclusión del EPI, antecedentes penales relevantes, riesgos por derivaciones tributarias de origen fraudulento y posibles escenarios de exoneración parcial. Ningún procedimiento se activa sin una estrategia jurídica sólida.

Tecnología aplicada con garantías: la integración de herramientas de inteligencia artificial en la preparación y seguimiento del expediente permite reforzar la documentación, con tratamiento de datos conforme al Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018.

Transparencia total en honorarios: sin costes ocultos, con planes desde 99 €/mes y consulta inicial gratuita. Las condiciones económicas y las garantías figuran expresamente en el contrato de servicios, conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios.

Alberto Raba, Director de Lexitia, considera que el punto decisivo no está en formular promesas imposibles, sino en analizar la viabilidad de cada caso antes de ponerlo en marcha. Según explica, las sentencias del Tribunal Supremo de febrero de 2026 refuerzan una forma de trabajo que Lexitia aplica desde el inicio: cercanía con el cliente, expediente preparado con profundidad y uso de herramientas tecnológicas para marcar la diferencia entre recuperar estabilidad o enfrentarse a una resolución desfavorable.

La Garantía de Éxito de Lexitia

Lexitia ofrece una Garantía de Éxito contractual, una fórmula poco común dentro del sector. No se plantea como una promesa comercial genérica, sino como una condición incorporada expresamente al contrato de servicios, con requisitos, alcance y exclusiones definidos conforme a la normativa de protección de consumidores y usuarios (Real Decreto Legislativo 1/2007). El contrato concreta qué se entiende por éxito, en qué casos puede activarse la devolución de honorarios y qué condiciones delimitan esa garantía.

La garantía se considera cumplida cuando el procedimiento concluye mediante:

La obtención del EPI en modalidad de exoneración total o parcial del pasivo insatisfecho.

La aprobación judicial de un plan de pagos conforme a la normativa vigente.

Cualquier otra solución procesal ajustada a derecho planteada como escenario viable tras el análisis inicial.

Si el procedimiento no consigue ninguno de esos resultados por una causa directamente imputable a una actuación negligente de Lexitia, el cliente puede solicitar la devolución de los honorarios abonados, descontando los costes administrativos mínimos recogidos en el contrato. Esta estructura busca alinear los incentivos del despacho con el interés del cliente mediante una fórmula singular en el mercado de la cancelación de deudas en España.

Alberto Raba, Director de Lexitia, sostiene que la Garantía de Éxito no es una herramienta de marketing, sino el resultado natural de trabajar correctamente desde el primer momento. Según su criterio, cuando el análisis de viabilidad es exigente y la preparación del expediente se realiza con precisión, el éxito pasa a ser la norma y no una excepción.

Cómo elegir despacho: cuatro criterios irrenunciables en 2026

A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Supremo, Lexitia señala cuatro criterios que cualquier deudor debería comprobar antes de contratar un despacho:

Especialización real y exclusiva en Derecho Concursal, no como servicio añadido a otras áreas jurídicas.

Transparencia total en honorarios desde el primer momento, con condiciones reflejadas en contrato.

Análisis de viabilidad previo adaptado a la jurisprudencia actual del Tribunal Supremo, para no iniciar procedimientos abocados al rechazo.

Garantía contractual que vincule al despacho al resultado definido, con condiciones claras conforme a la normativa de consumidores.

Lexitia ofrece una primera consulta gratuita y planes de pago adaptados desde 99 €/mes, accesibles en toda España.

Sobre Lexitia

Lexitia es una legal tech española especializada en exclusiva en la Ley de Segunda Oportunidad y el Derecho Concursal, con sede en Madrid y atención en toda España. Su equipo combina experiencia jurídica concursal con un enfoque tecnológico diferencial y plena observancia de la normativa de protección de datos. Su propuesta está orientada a quienes buscan despacho experto en Ley de Segunda Oportunidad para afrontar una situación de insolvencia con análisis previo, estrategia jurídica y garantías contractuales.

Más información en lexitia.com.