El 19 de septiembre pasado se encuentran arrinconados los palmeros por el fuego y el magma que suelta sin parar el volcán y que engulle lo que encuentra a su paso: haciendas, cultivos, casas y negocios.
Muchos habitantes de La Palma han perdido sus viviendas y no las podrán recuperar jamás después de quedar sepultadas bajo metros de lava ardiente. Para más angustía de los palmeros, estos días están recibiendo comunicaciones de bancos con sede en Canarias para informar que deberán cancelar sus deudas hipotecarias con las cantidades otorgadas por el Consorcio de Seguros.
Algunos juristas sostienen que el préstamo solo se podría ejecutar si no se paga, ya que es de obligación mensual con la entidad bancaria. Si no se cumple el pago, se podría reclamar la hipoteca sobre el bien inmueble y las deudas que le pesan.
Sin embargo, especialistas señalan que la obligación del seguro es la vivienda, no el préstamo que pesa sobre ella.
Pero los bancos ponen foco en otro punto y consideran que el seguro era una obligación a la hora de tomar la hipoteca, sin el cual no se hubiera otorgado para la compra. Los contratos tendrían una cláusula que pone al banco como beneficiario del seguro en caso de catástrofe.
Esta situación pone al deudor, es decir, al habitante de La Palma que sufre la devastación de la isla y la desaparición de su hogar, en la obligación de pagar el préstamo de un inmueble que literalmente se tragó la tierra.
Hasta el momento, se han tramitado en el Consorcio de Seguros apenas el 10% de los expedientes abiertos en La Palma, que ya alcanza la cantidad de 1.100. Unos 13 millones de euros en indemnizaciones, que estarían yendo en parte a los bancos y no a las verdaderas víctimas de las tristes Historias que está sembrando la actividad del volcán.