El Parlamento de Galicia ha aprobado, con los votos a favor del PP y los de BNG y PSdeG en contra, la reforma de la Ley de Salud gallega que establece multas de 1.000 a 600.000 euros para infracciones sobre la salud pública, entre ellas la «negativa injustificada» a la vacunación.
Los partidos de la oposición han criticado esta «vacunación obligatoria» por considerar que solo servirá para «dar alas a los negacionistas» de la pandemia, mientras el PP ha rechazado esa «supuesta obligatoriedad», ya que asegura que solo se podrá establecer «en circunstancias muy concretas».
Esta reforma de la Ley de Salud de 2008, promovida por el Gobierno gallego pero presentada como proposición de ley por el PPdeG, establece como sanciones muy graves, con multas de más de 60.000 euros los incumplimientos de la obligación del usar la mascarilla o la «negativa injustificada» a la vacunación «cuando se produzca un riesgo o daño muy grave para la salud de la población».
También la «falta de cumplimiento voluntario de la medida de aislamiento» o de la «obligación de cuarentena» de forma «repetida o reiterada», según figura en el texto elaborado frente a la actual pandemia de covid-19.
Además, faculta a las autoridades sanitarias, en cada caso, a «adoptar medidas preventivas de obligado cumplimiento cuando exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y grave para la salud de la población».
Estas restricciones pueden ir desde la incautación de productos, hasta el cierre de empresas, la limitación de horarios u ordenar a los ciudadanos la prestación de servicios personales, así como medidas de control de personas enfermas y sometimiento a tratamiento o a cuarentena, entre otras.
Las medidas se adoptarán «de forma motivada, tras evaluar los principios científicos» y siguiendo «el principio de precaución», pero podrán establecerse «aunque siga existiendo riesgo de incertidumbre científica» cuando «se observe la existencia, fundada, seria y razonable, de un riesgo actual o inminente para la salud de la población».
Para el diputado del PSdeG Julio Torrado esta reforma es un «dislate absoluto» porque incluso «su encaje legal es más que discutible», ya que restringe derechos y libertades individuales que solo competen a la normativa estatal, aparte de pretender instalar «un estado de excepción permanente».
A su juicio, «obligar a vacunar es como querer evitar los accidentes e tráfico prohibiendo los coches», en lugar de apostar por concienciación, y es una medida que solo servirá para «alentar al negacionismo» y una reforma que cree que solo tiene equiparación con la que está preparando el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.
«Los negacionistas que ustedes mismos alimentaron están ahí fuera haciéndole el caldo gordo al Gobierno», ha lamentado Torrado, quien ha argumentado que su partido no puede apoyar esta ley por «rigor, sensatez y por la convicción plena en la ciencia» que parece que la Xunta «no tiene».
Según Iria Carreira, del BNG, el problema para la población gallega «no es que no quiera vacunarse sino que no puede» porque no hay suficiente vacunas que ponerles.
Por eso, ha advertido de que «el problema real no es el discurso negacionista», al que ha considerado que la Xunta «da alas» con esta ley, sino la falta de dosis y de personal.
Además, ha dicho que es «un grave error» enfocar un problema de salud pública como si fuese de orden público, en lugar de aprovechar la ley para reforzar el sistema sanitario, por lo que no le ve más sentido que «intentar esquivar» la responsabilidad de la Xunta ante esta pandemia para derivarla en la población gallega.
La diputada del PPdeG Encarnación Amigo ha argumentado que «esa supuesta obligatoriedad de las vacunas» no es tal, sino que en el texto figura, al respecto, solo un «podrá, en circunstancias muy concretas», y ha instado a la oposición a apoyar la reforma y no ponerse del lado de los negacionistas.
Ha defendido que el PPdeG con esta reforma intenta «cubrir las lagunas y carencias de la legislación vigente para luchar mejor contra la pandemia» ante la «inacción» del Gobierno central, presidido por Pedro Sánchez, que cree que la oposición gallega está defendiendo.
Para Amigo la nueva normativa no es autoritaria, sino garantista, y solo pretende «poner límites a lo que puede hacer una administración durante una crisis sanitaria».
A la reforma de la Ley de Salud, que entró en el Parlamento el pasado mes de noviembre y fue tramitada por el procedimiento de urgencia, se presentaron 54 enmiendas de la oposición, pero solo se ha incluido en el texto final una del BNG referida a «revisar el lenguaje sexista» del texto.