Según un informe de Deloitte, el 67% de las compañías españolas anticipan que la IA generativa transformará sustancialmente sus organizaciones en menos de tres años. Esta transformación inminente tiene una relación directa con las funciones y responsabilidades del interventor—profesional encargado del control financiero, la auditoría y la supervisión de las cuentas en entidades públicas y privadas—ya que la IA permite automatizar y optimizar estos procesos, mejorando la precisión y eficiencia en la gestión financiera. En este contexto de evolución y adaptación, Noemí Naya, reconocida ejecutiva española e interventora del municipio de Santa Lucía de Tirajana, se destaca como una figura clave en el análisis y orientación de este rol esencial en la gestión financiera contemporánea.
Reflexiones de Noemí Naya sobre el impacto de la tecnología en el rol del interventor
Noemí Naya ha respaldado consistentemente la adaptación tecnológica como una herramienta fundamental para afrontar los desafíos contemporáneos. La digitalización ha revolucionado la gestión financiera, y se considera esencial que los interventores se mantengan a la vanguardia de esta transformación. En sus análisis y planteamientos, Naya subraya la importancia de adoptar tecnologías de la información y la comunicación (TIC), incluidas herramientas de inteligencia artificial y automatización, para garantizar la eficiencia y precisión en las auditorías. Estas innovaciones no solo permiten optimizar procesos, sino también reducir errores humanos y mejorar la transparencia en la gestión financiera.
El uso de tecnologías avanzadas, como Blockchain, ha sido también un punto central en las recomendaciones del área, habla la ejecutiva española Noemí Naya. Esta tecnología, conocida por su capacidad para crear registros inalterables y transparentes, tiene el potencial de generar una mayor confianza pública en las instituciones. Naya comenta la idea de que la implementación de Blockchain en la gestión financiera no solo incrementa la transparencia, sino también reduce significativamente el riesgo de fraude y corrupción. Además, destaca la importancia de que esta intervención tecnológica vaya acompañada de una formación continua para los interventores en nuevas competencias técnicas.
La digitalización, no obstante, no viene exenta de desafíos. La creciente dependencia de sistemas tecnológicos plantea cuestiones éticas y legales complejas que deben ser abordadas con rigor. Noemí Naya insiste en que los interventores deben equilibrar la innovación tecnológica con una sólida base ética y legal para garantizar que los derechos fundamentales no sean vulnerados. La privacidad de los datos, la seguridad cibernética y las implicaciones legales asociadas a nuevas tecnologías exigirán a los profesionales una constante actualización y adopción de prácticas reguladas.
El entorno económico global, caracterizado por su volatilidad e interdependencia, añade otra capa de complejidad al trabajo del interventor. Para Noemí Naya, interventora del municipio de Santa Lucía de Tirajana, la globalización económica demanda que los interventores posean una comprensión profunda de las políticas fiscales internacionales y las dinámicas del mercado global. La capacidad de anticipar riesgos y ajustar estrategias financieras en función de un panorama económico fluctuante es, sin duda, una habilidad crucial que los interventores deben desarrollar.
Además, la cooperación internacional y la estandarización de normas y prácticas son componentes esenciales para optimizar la gestión financiera y prevenir irregularidades. Noemí Naya considera que la colaboración entre organismos internacionales y la unificación de criterios permitirán un control más efectivo y minimizarán las oportunidades para el fraude. Su visión promueve un marco de trabajo donde el intercambio de información y mejores prácticas entre diferentes jurisdicciones favorezca una gestión más eficiente y transparente.
Por otro lado, el compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa es imperativo en el contexto actual. Noemí Naya subraya la obligación de que los interventores integren criterios de sostenibilidad en sus evaluaciones, promoviendo prácticas respetuosas con el medio ambiente y que contribuyan al bienestar social. Esta perspectiva invita a los profesionales a considerar el impacto ecológico y social de sus decisiones financieras, buscando siempre un equilibrio entre rentabilidad y responsabilidad ética.