Después de más de tres meses de epidemia, con decenas de miles de muertos por el coronavirus y cientos de miles de empleados menos cotizando a la Seguridad Social y unas expectativas económicas terribles para el segundo semestre del año, Pedro Sánchez sigue empeñado en mostrar una imagen de fortaleza para sacar adelante la legislatura de su Gobierno de coalición.
Lo cierto es que el presidente está en plena campaña, no sólo propia y para asegurarse su presencia en Monloa los cuatro años que en teoría le tocan: «Eso durará la legislatura, que es lo que necesitamos para recuperar la economía». También de campaña electoral: hay elecciones el 12-J en País Vasco y Galicia: «Sería bueno un gobierno de izquierdas no nacionalista en el País Vasco».
La primera entrevista televisiva que concedía Sánchez tras el estado de alarma se centró en presumir de éxitos y anunciar cómo piensa pagar todo lo que se le viene: con los fondos europeos y con más impuestos. «Es inevitable, tenemos que hacer una reforma fiscal… Hay que reactivar la economía, hay que crear empleo». En ese marco se encuadra el superviernes que ha convocado Moncloa con un Consejo extraordinario y la firma de un acuerdo por el empleo con los agentes sociales.
Impuestos
Los Presupuestos serán la base de todo esto. Y esas cuentas públicas guardarán una sustancial subida de impuestos. «Las costuras fiscales han saltado», ha admitido Sánchez, cuyo plan en enero era «llegar al 0% de déficit al final de la legislatura ni a una deuda menor al 95% del PIB», que era el objetivo confeso.
Un día antes de fotografiarse en Moncloa con sindicatos y patronal, Sánchez esquivó decir si derogará la reforma laboral alegando que su Gobierno «primará el diálogo social». Pero sí admitió que habrá «una reforma fiscal», basándola en que «España tiene siete puntos menos de ingresos fiscales sobre PIB que la media europea», un argumento lanzado por Unidas Podemos, al que añadió el de «mayor justicia fiscal».
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