“El proyecto de regeneración de Antonio Plasencia, para cumplir la sentencia, es una tomadura de pelo”, así de contundente se expresó Carlos Álvarez, el abogado de acusación particular y popular en el llamado caso Áridos.
El letrado fue más allá al afirmar que “no permitiremos que la condena de regenerar la cantera más profunda, que alcanza los 110 metros, se salve con la construcción de una balsa, la plantación de miles de olivos y además reciba ayudas europeas por ello”, en referencia al proyecto de rehabilitación que desde hace un año maneja el que fuera presidente de los empresarios de la construcción de Tenerife, uno de los tres que aceptó su culpabilidad durante la vista oral en enero, junto a Pedro Sicilia y José Enrique Morales. Está pendiente de conocer estos días la sentencia sobre el único acusado, Francisco del Rosario, que no firmó el acuerdo de culpabilidad, y se mantuvo en juicio.
Para todos ellos, la Fiscalía y la acusación particular pedían 5 años de cárcel y multas por valor de 279 millones de euros, en este caso contando a los herederos de Fulgencio Díaz, el quinto arenero, ya fallecido.
Tras el acuerdo, la sección segunda de la Audiencia Provincial ratificó la condena de un año y tres meses de prisión -que no cumplirán- para los tres empresarios que se reconocieron autores de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente por la extracción ilegal de áridos en los barrancos de Güímar. A Plasencia, Morales y Sicilia se les condena igualmente a un año y seis meses de inhabilitación para actividad minera, costas y la restaurar el equilibrio ecológico perturbado según el plan de rehabilitación que deben confeccionar las administraciones competentes.
Carlos Álvarez entiende que “estaremos vigilante con el cumplimiento de la sentencia” y para evitar escapatorias o “que se rellenen los hoyos con basura”, el letrado ya ha anotado la sentencia en el registro de la propiedad, avanzando que el peritaje del costo de la rehabilitación “supera el que se ordenó por la Fiscalía o la acusación particular”, en el caso de Plasencia más de 62,4 millones de euros, advirtiendo que “si el 14 de enero de 2018 no está reparado el daño causado, los tres condenados entrarían en prisión”.
Las extracciones de áridos, realizadas a principio de los noventa y al menos hasta 2007, fueron denunciadas en 2005 por el abogado Carlos Álvarez Díaz en nombre del exconcejal del PNC Francisco Javier Hernández y del agricultor Jesús Segundo Jorge.