El grupo Popular en el Parlamento de Canarias anunció hoy que agotará todas las vías políticas y legales para que se depuren responsabilidades en “el escándalo” de las pérdidas millonarias de agua potable en el archipiélago por valor de 142,5 millones de euros entre 2007-2011.
La diputada del PP Águeda Montelongo pidió explicaciones en el pleno del Parlamento al consejero de Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, Narvay Quintero, quien explicó que las competencias en ese asunto residen en los consejos insulares de aguas, dependientes de los cabildos, y en los ayuntamientos, a los que el ejecutivo coordina y asesora.
El “escándalo del agua” al que aludió Montelongo parte de un informe del Tribunal de Cuentas que evalúa en 142,5 millones de euros el valor del agua que se perdió en las redes de suministro canarias en el período 2007-2011, mucha de ella procedente de depuradoras y para cuya producción se utilizan combustibles fósiles.
Como ejemplo, en Lanzarote se perdió de media en esos años el 46 por ciento del agua producida (por valor de 83,5 millones de euros) y en Fuerteventura el 37 por ciento (25,9 millones de euros)
El Tribunal de Cuentas detectó además irregularidades en expedientes de contratación de las inversiones, lo que llevó a Águeda Montelongo a vaticinar que “cuando se sepa las empresas beneficiadas el escándalo será mayor”.
La diputada pidió al Gobierno que sea transparente y que no actúe como en el caso de la gestión de Guillermo García en RTVC, que la obligó a presentar el caso en la fiscalía ante la negativa a reconocer cualquier irregularidad por parte de CC y PSOE.
Para ilustrar la magnitud de las pérdidas, Águeda Montelongo dijo que en Fuerteventura se perdieron seis millones de euros en agua ya depurada en un año mientras el Cabildo reclamaba ocho millones de subvención al Estado para depurar esa misma agua.
“No venga a justificar lo injustificable, son muchos millones de euros y de litros de agua cuyo consumo se cobraba religiosamente a los ciudadanos” y en cuya producción se quemaba petróleo mientras se abanderaba el ecologismo, denunció la diputada.
Afirmó que en Fuerteventura “todos lo sabían, pero se tapaba”, y por eso el PP recurrió al Tribunal de Cuentas y ahora llegará hasta el final” para que se depuren “responsabilidades políticas y legales” y no se oculte “el escándalo”, insistió Montelongo.
Narvay Quintero admitió que “queda mucho por hacer”, pero aclaró que la red de abastecimiento de agua es competencia de los consejos insulares de aguas y de los ayuntamientos, mientras que el ejecutivo coordina y asesora, y señaló que ya todos han presentado alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas.
Las dos recomendaciones del Tribunal de Cuentas dirigidas específicamente a la Comunidad Autónoma son además imposibles de cumplir legalmente por el Gobierno, aseguró.
Se trata de una recomendación para que haya un plan hidrológico regional, cuando en Canarias existen siete demarcaciones hidrográficas, y de otra para que se fijen unos precios del agua.
“Me consta que las corporaciones ya han tenido en cuenta algunas de las consideraciones” del Tribunal de Cuentas, dijo Quintero, quien señaló que respecto a las mejoras en la red de abastecimiento son los cabildos los que determinan las obras, aunque luego el Gobierno se las propone al Estado para su financiación.
Señaló que el informe abarca hasta 2011 y que desde entonces se ha mejorado mucho, como en el caso de Fuerteventura donde se han llevado a cabo inversiones por once millones de euros en 70 kilómetros de conducciones que van a aminorar las pérdidas de agua.
El consejero dijo que su departamento, en sus labores de coordinación y asesoramiento, ha pedido a los consejos insulares de aguas un informe con las obras necesarias de almacenamiento, renovación y restitución de las conducciones.
El informe ya se ha realizado, pero el problema es que el convenio de aguas con el Estado impide introducir obras nuevas, dijo el consejero, quien denunció las deficiencias de la financiación estatal para las necesidades hidráulicas de las islas.