FLORENTÍN DÍAZ
Santa Cruz de Tenerife
Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, convocó ayer una rueda de prensa en el Ayuntamiento junto a Ana Mendoza, representante de la Asociación en Defensa del Parque Cultural Viera y Clavijo; Ángel Brito, vicepresidente de la asociación de Vecinos Azorín, y Eloy Cuadra, de la Plataforma por la Dignidad, para hacer públicas una serie de deficiencias en las prácticas y en el reglamento interno sancionador del centro municipal de acogida, el albergue, situado en la calle de Azorín de la capital.
Ramón Trujillo comentó que “las personas son expulsadas del centro sin un aviso previo de 15 días, y esa situación es cada vez mayor”; esto repercute, a su juicio, en el entorno donde se sitúa el centro, y por ello solicitará al grupo de gobierno que les digan “cuántas personas han sido sancionadas, el porqué y el cómo”. Además, planteará modificaciones en el estatuto para humanizar la situación y darle un contenido con garantías: “Las personas que acuden al centro lo hacen por necesidad y tienen que ser merecedoras de una acogida digna”, subrayó.
El edil explicó que “el presupuesto anual con el que cuenta el Grupo 5 -empresa que gestiona el centro- es de 1.945.000 euros aproximadamente, y sería conveniente que la Corporación recupere la gestión directa porque es inconcebible que la empresa gestora actúe sin consenso con el Consistorio capitalino”, destacó Trujillo, quien finalizó proponiendo “la habilitación de pisos tutelados con tres o cuatro personas con el objetivo de crear un ámbito más familiar y humano, y que los profesionales actúen de una manera más directa y personalizada”.
Además, Eloy Cuadra recordó que el reglamento interno “fue aprobado en 2014 sin consenso de todas las fuerzas políticas”. Ángel Brito propuso hacer un aparcamiento en el centro para situar una ambulancia y un coche policial las 24 horas del día: “El año pasado en esa zona murieron cinco personas”, apuntó. Ana Mendoza solicitó a la empresa que haga un seguimiento a los empleados “para mejorar su bienestar y que puedan afrontar los problemas con más entusiasmo”.
Por parte del Ayuntamiento capitalino, el concejal de Servicios Sociales y presidente del IMAS, Oscar García, “pidió respeto para los trabajadores del centro y que las desgracias y las miserias de los ciudadanos que acuden al centro no sean utilizadas para fines partidistas”. García solicitó “más colaboración por parte de la oposición y que hagan menos críticas”.