El juicio contra José Gumersindo García y Domingo Ramos, alcalde y concejal de Urbanismo de Candelaria desde 2001 a 2015, quedó ayer visto para sentencia por el magistrado Marcos Díaz Pereiro en el Juzgado de lo Penal número 4 de La Laguna.
Los dos políticos, que abandonaron tal condición antes de las elecciones del 24M, ante el código ético del PSOE, se enfrentan a ocho años de inhabilitación para cargo público por presunta prevaricación en el contrato de las obras de los vestuarios del campo de fútbol de Barranco Hondo, finalizadas en 2005.
El fiscal, Jaime Serrano Jover, tras oír a los dos acusados y a media docena de testigos, rebajó a siete años la petición de pena de inhabilitación, al considerar que concurría el atenuante de dilaciones indebidas. Al fiscal, además, no le costó reconocer que “los acusados no sacaron provecho” de las obras, pero que estas “pudieron tener consecuencias injustas” al evitarse el concurso público, recordando además la sentencia del 16 de marzo de 2015, de una pieza separada del caso Arona 1, en donde también era fiscal, en la que se condenó al exalcalde González Reverón y al exedil de Urbanismo Antonio Sosa por prevaricación urbanística y administrativa, “por acción o por omisión” del cargo.
El fiscal, en sus conclusiones finales, recordó las propias palabras de Domingo Ramos en las que reconocía que no hicieron “las cosas bien”, mientras que no creía que el alcalde no supiera nada del expediente y de unas obras en un campo de fútbol desde 2005 hasta 2009, en que se pagaron a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito. Sin embargo, el propio fiscal mostró “dudas razonables” sobre el dictamen final.
El abogado defensor, Jorge García Prieto, tras insistir en la nulidad del proceso por “no haber ninguna prueba de cargo”, alegó que “de ese ilícito administrativo no son responsables mis defendidos, porque no hay autoría, por lo que tienen que ser absueltos”. García Prieto remarcó que el único conocimiento del exalcalde sobre las obras tuvo lugar en el pleno que aprobó el pago en 2009 y de Domingo Ramos comentó que “no tenía delegaciones en contrataciones hasta 2010, por lo que hasta entonces era la mesa de contrataciones quien decidía tras los informes de los técnicos”, como el que redactó Raquel Rosa Orihuela, la arquitecta técnica que puso reparos a cómo se hacían las obras y el montante final de las mismas, tres veces más de los 98.000 euros que estaban previstos. Raquel Rosa intervino ayer como testigo, al igual que el primer denunciante ante la Fiscalía, el exconcejal nacionalista Pedro Méndez; el arquitecto de Promotora Punta Larga (PPL), Sebastián Reyes, el interventor Nicolás Rojo y los secretarios municipales, Marisa Santos y Octavio Fernández.
La causa se genera cuando el Ayuntamiento de Candelaria abona, cuatro años después de terminadas, 240.000 euros por las obras de ampliación, reforma y nueva creación de vestuarios del campo de fútbol de Barranco Hondo. Lo hizo a pesar de que la técnica municipal manifestó (en marzo de 2009) su “no conformidad” a las facturas presentadas por PPL, y al informe desfavorable de la Intervención (julio de 2009). Entre los motivos argumentó las mermas importantes registradas en la ejecución de las obras y que la suma de las facturas “asciende a la cantidad de 324.704,95 euros, importe muy superior al revisado por la Oficina Técnica, 243.867,70 euros”.
Al final, las facturas que emitió PPL y que pagó el Ayuntamiento sumaron 240.145,42 euros, cuando el proyecto inicial era de 98.000 euros, divididos en tres contratos (52.000, 20.000 y 26.000 euros), para crear, reformar y ampliar tres vestuarios. Cuando se pagó, Raquel fue despedida.
José Gumersindo García
“En mis 14 años de alcalde la conducta ha sido recta con todas las empresas”, señaló, y sobre la especial sensibilidad con Antonio Plasencia, dijo que “se le cerró un machaqueo de áridos al lado de la autopista, no se permutaron dos solares por seis locales, se desestimó una alegación al PGO y se recurrieron hasta 12 licencias de construcción.
Nicolás Rojo
El interventor mantuvo su declaración ante la Fiscalía, insistiendo en que “la contratación debió tener un único objeto” y que “no tenía constancia de las facturas hasta que se pasaron al reconocimiento extrajudicial de crédito en 2009”, que en ningún momento le pidieron “asesoramiento” y que lo correcto era “haber hecho un concurso”.
Los secretarios
Marisa Santos, secretaria desde 2003 a 2009, reconoció que se debió hacer un solo contrato, pero no recordó si le pidieron informes jurídicos o si molestaban sus trabas a PPL. Octavio Fernández, que le suplió en el cargo, dijo que “no se llevó el procedimiento establecido; el contrato era nulo pero había que pagarlo”.
Antonio Plasencia
Antonio Plasencia, presidente de PPL, la constructora que realizó las obras, acudió a los juzgados de La Laguna, pero finalmente no intervino como testigo porque el fiscal, el mismo que le acusó en el caso Áridos, renunció a su testimonio, no así al de Sebastián Reyes, arquitecto técnico de PPL